El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Lucena, Francisco Aguilar, ha informado de la oposición de su grupo a la propuesta de desalojo de una vivienda municipal, que se debatirá en el próximo Pleno correspondiente al mes de mayo. Según Aguilar, se trata de una encomienda realizada por el alcalde, Juan Pérez, a los servicios jurídicos externos contratados por el Ayuntamiento para el inicio del proceso de desalojo de una familia lucentina, formada por 3 adultos y 2 menores, actualmente gestionada por Suvilusa y que a causa de una deuda generada con Hacienda Local perdieron tras ejecutar esta entidad un embargo y un posterior proceso de subasta al que concurrió el Consistorio, recuperando así la titularidad del inmueble previo pago de 31.000 euros.

Según Aguilar, "el asunto ya deviene favorable con los votos afirmativos de PSOE e IU", al ser sometido al conocimiento del conjunto de grupos políticos en el seno de la Comisión Informativa de Hacienda celebrada la pasada semana. Desde el PP apelan a la necesidad de hallar una solución a este conflicto, toda vez que analizado el expediente se han detectado una serie de omisiones tales como la ausencia de una notificación fehaciente a la familia advirtiendo de la situación, tanto del expediente ejecutivo como del proceso de subasta, así como tampoco consta el detalle de la deuda contraída por la familia en cuestión y que en su momento ascendía a 37.000 euros.

Para el PP, "el Gobierno socialista utiliza una doble vara de medir cuando se trata de okupas, que se apoderan ilegalmente de una vivienda, frente a esta familia lucentina que debido a la crisis económica del 2008 se encontró en una situación que les obligó al cierre de su negocio".

El portavoz popular ha reconocido que el pasado lunes mantuvieron una reunión con la familia afectada y con su letrado en la que quedó ratificado el hecho de no haber recibido notificación municipal alguna. Además, quedó de manifiesto que desde el inicio de esta historia "no consta propuesta o alternativa alguna por parte del Ayuntamiento para resolver esta controversia, ni siquiera se ha levantado acta de las reuniones mantenidas entre las partes donde quede reflejada alguna vía de solución".

Por su parte, Miguel Villa, portavoz de Izquierda Unida, ha destacado su postura, señalando que "no se trata de un desahucio, sino de una recuperación de bienes municipales, no se trata de una familia desamparada, sino de una vivienda de la que el Ayuntamiento se tuvo que hacer cargo del pago de una hipoteca por impago de los ahora reclamados, y son una familia que trabaja y que no muestra voluntad de pago de la deuda a la que el Ayuntamiento tuvo que hacer frente hace ya cuatro años". Villa manifiesta que "el 21 de febrero desde el Ayuntamiento se les instó para que abandonaran esta vivienda, algo que no ha sucedido".