La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía ha renovado los convenios de colaboración para la financiación de los equipos de tratamiento a familias (ETF) con menores en situación de riesgo o desprotección. Este acuerdo supondrá una inversión de 1,3 millones de euros para la provincia de Córdoba en el 2021, que beneficiará a ocho entidades locales y la Diputación provincial y permitirá atender a más de 566 familias y 1.135 menores.

Para el periodo comprendido entre el 1 de mayo del 2021 y el 30 de abril del 2022, la subvención asciende en la provincia a más de 1,3 millones de euros. Esta cantidad se repartirá entre la Diputación (355.224 euros) y los ayuntamientos de Baena (88.806 euros), Córdoba (355.224 euros), Cabra (88.806 euros), Lucena (88.806 euros), Montilla (88.806 euros), Palma del Río (88.806 euros), Priego (88.806 euros) y Puente Genil (88.806 euros).

El delegado territorial de Igualdad, Antonio López, ha explicado que la Consejería destinará 13,7 millones de euros para el programa de tratamiento familiar en toda la comunidad a lo largo de este año, cantidad que beneficiará a 92 entidades locales y permitirá atender a más de 6.000 familias y 12.000 menores en toda la comunidad.

Antonio López ha subrayado que este convenio abunda en el reconocimiento de la familia como institución fundamental para el desarrollo de la persona que recoge la nueva Ley de Infancia, ya en trámite parlamentario tras salvar la enmienda a la totalidad con el apoyo de la mayoría de la Cámara. Una norma que tiene, entre otros objetivos, "orientar las políticas públicas para dar una atención integral a los menores abordando sus necesidades físicas, pero también las psicológicas, emocionales, sociales e incluso del propio entorno medioambiental".

López ha agradecido el "esfuerzo y dedicación de los ETF que, a pesar del confinamiento y la pandemia, han continuado haciendo un seguimiento a las familias para dar apoyo emocional, acompañamiento y orientación de los distintos recursos que la Consejería pone a disposición de la familias, como la Renta Mínima de Inserción Social, las Pensiones no Contributivas, las Ayudas Económicas Familiares o las Tarjetas Monedero".

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Según la última memoria de actividad del programa en Andalucía, el 28,6% de las familias destinatarias del servicio son biparentales con menores a su cargo que se encuentran en situación de riesgo social, seguidas por núcleos monoparentales, de madres con hijos menores de 18 años en situación de dificultad social (1.177 familias, el 21,19 % del total de familias atendidas), o familias en proceso de separación o divorcio sin custodia compartida (21,03%). En casi la mitad de los casos, los progenitores no tienen terminados los estudios obligatorios (47,19%), y en un 4% de los casos alcanzan los estudios universitarios.

La mayoría de las familias que participan en este programa no tienen conciencia de la existencia de un problema y del daño de su conducta en los hijos e hijas, y en muchos casos la intervención se produce a raíz de conflictos de pareja o conflictos familiares en la unidad de convivencia (48,64%), generalmente tras una separación conflictiva, uno de los escenarios que más crecen.

Asimismo, el 62% de las familias atendidas tienen ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional, por lo que la situación de precariedad o inestabilidad laboral y económica se convierte en elemento de riesgo en 42,92% de los casos. También se detectan adicciones (27,27%), problemas psíquicos o comportamentales (40,47%) o relaciones conflictivas entre padres e hijos (38,83%).