Las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía se han unido a la Junta de Andalucía para expresar su rechazo al proyecto de real decreto de transición de la PAC aprobado por el Gobierno por los perjuicios que su aplicación tendría en las rentas de agricultores y ganaderos.
Por ello, la Mesa de Interlocución Agraria, en la que están las organizaciones agrarias y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, ha enviado un escrito al Ministerio de Agricultura en el que demanda que se modifique el texto normativo y se aplique la convergencia vigente hasta llegar a un acuerdo con las comunidades autónomas. El real decreto de transición de la PAC, que regulará las ayudas de los años 2021 y 2022, fue remitido este miércoles a las comunidades autónomas solo unos minutos antes del Consejo Consultivo de Política Agraria y podría llevarse al Consejo de Ministros del martes 26 de enero para su aprobación, ha explicado la Mesa de Interlocución en un comunicado.
La propuesta ministerial, según aseguran, supone "una aceleración brusca de la convergencia" y "tendrá graves consecuencias sobre las rentas de una importante cantidad de agricultores y ganaderos andaluces". Por ello, piden que se actúe como se hizo en el año 2015, cuando se consensuó un sistema de convergencia parcial y progresivo que permitiera a los productores una adaptación paulatina de sus explotaciones. Recuerdan que en septiembre del año pasado manifestaron su disconformidad a este "drástico cambio en el modelo de convergencia" y plantearon modelos alternativos. En cambio, lamentan que el texto final enviado a las comunidades mantiene "inalterado" la convergencia "acelerada y profunda" de los derechos de pago básico.
La Mesa de Interlocución pone el acento en que el Ministerio plantea una convergencia del 25%, lo que supone multiplicar por cuatro la convergencia del marco anterior, que fue del 6%. "La velocidad de convergencia se incrementa por un factor superior a cuatro y se eliminan las restricciones frente a pérdidas", subraya el documento remitido al Ministerio, que hace hincapié en que habrá determinados tipos de explotaciones "que verían sus niveles de renta muy comprometidos".
