El ministerio público reclama penas que suman más de seis años de prisión para el alcalde de Nueva Carteya, Vicente Tapia (IU), por un presunto delito de prevaricación y como cooperador necesario en otro contra el medio ambiente por contaminación acústica.
Según se recoge en el escrito de calificación fiscal, al que ha tenido acceso este periódico, los hechos se remontan hasta el año 2007, cuando una familia empezó a quejarse del ruido que emitía un negocio de celebraciones que había a unos ochos metros de su casa.
El fiscal explica que el negocio, para estas celebraciones montaba unas carpas, "que no cuentan con ningún tipo de licencia". Los perjudicados presentaron muchas denuncias ante la Policía Local e "incluso han puesto de manifiesto esta situación al propio alcalde, Vicente Tapia Expósito, desde el mismo año 2007, sin que el Ayuntamiento y su alcalde hayan acordado medida alguna para solucionar o si quiera paliar el problema y no se ha ordenado incoar procedimiento sancionador por estos hechos, ni han actuado las competencias de inspección".
Ante tal falta de respuesta, sigue indicando el fiscal que los perjudicados denunciaron ante la Guardia Civil y ante el juzgado de instrucción de guardia de Cabra y se llegaron a efectuar mediciones acústicas, que demostraron que se superaban los decibelios autorizados.
El fiscal cree que los hechos son constitutivos de un delito continuado contra el medio ambiente por contaminación acústica, otro de lesiones (por los daños ocasionados a los denunciantes por el ruido, por insomnio o ansiedad) y otro delito de prevaricación. De los primeros se considera al alcalde "cooperador necesario".
