El sumario de la operación Rocket, en la que están imputadas la exalcaldesa de Peñarroya-Pueblonuevo Luisa Ruiz y once personas más, está salpicado de acusaciones de falsedad en documento público y fraude en subvenciones y revela una presunta trama organizada en torno a los fondos Miner que llegaron al municipio del Guadiato desde el año 2005, en la que la entonces alcaldesa y los directivos de la Compañía General de Ferrocarriles Turísticos y de la sociedad First Train Class C. G. y Ricardo Oliver serían los principales actores. Los tres fueron detenidos y puestos en libertad con cargos tras declarar ante el juez titular del juzgado de instrucción número dos de Peñarroya-Pueblonuevo, y después del levantamiento del secreto del sumario los tres han recurrido esta decisión del juez, que aún no se ha pronunciado de forma definitiva.

También tuvieron que prestar declaración como imputadas nueve personas, entre ellas varios empleados municipales, un empresario y un notario, y se tomó declaración como testigos a otras cinco personas. Los registros ordenados por el juez no solo alcanzaron al Ayuntamiento, a los domicilios particulares de los tres arrestados y a las sedes sociales de las empresas gestionadas por ellos; se llegó a registrar incluso un estudio de arquitectura de Córdoba y una conocida empresa constructora de la provincia.

El instructor del caso considera, a la vista de los hechos y de las declaraciones de los imputados, que los dos empresarios serían los cabecillas de la trama que gira en torno al proyecto de creación del museo y puesta en marcha del tren turístico del Guadiato. Así, en la diligencia de imputaciones emitida por el juez, este plantea que "si el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo no era consciente de este esquema de interrelaciones, estos hechos podrían corresponderse con un posible delito contra la Hacienda Pública. En caso contrario, estos hechos podrían corresponderse con un posible delito de tráfico de influencias. En cualquiera de los casos, parece clara la relación con estos hechos y el beneficio obtenidos por C. G., Ricardo Oliver y Luciano Vaño, un tercer socio de estos que no llegó a ser detenido aunque también está imputado.

La mayoría de los argumentos que sustentan la acusación contra Luisa Ruiz giran en torno a facturas y documentación elaboradas de manera fraudulenta o a posteriori para justificar determinados procedimientos o adjudicaciones. Así, la forma de actuar repite patrones en casi todas las actuaciones investigadas. Un ejemplo de ello, según detalla el juez, es que, a la hora de buscar una empresa que restaurara las máquinas, se argumenta la inexistencia de otras empresas en el mercado que pudieran hacerlo, y sin embargo, la Fundación de Ferrocarriles Españoles emitió un informe en el que hacía constar que esas labores, "bien dirigidas (...), pueden realizarse en casi cualquier taller con medios operativos".

También se cita en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico el procedimiento de compraventa del Cerco Industrial, en los que se adjuntó un informe de valoración del terreno cifrado en 2,9 millones de euros firmado después de haberse hecho efectiva la venta al Ayuntamiento. Se da la circunstancia de que esta cifra coincide exactamente con la pactada por Luisa Ruiz casi dos años antes (el 21 de octubre del 2008) con la propiedad del terreno, lo que hace sospechar al juez que dicho informe se elaboró "faltando a la verdad en base a la solicitud" de la alcaldesa. Con ello el instructor se muestra convencido de que Luisa Ruiz pretendía justificar la subvención solicitada al Miner. También se han detectado irregularidades en la escritura de estos terrenos, que fue modificada alterando la superficie en casi 10.000 metros cuadrados más para presentarla en la memoria justificativa que se envió al Instituto para la Reestructuración de la Minería y el Carbón (IRMC).

Fuentes cercanas al caso han señalado, no obstante, que el interrogatorio a Luisa Ruiz se centró casi exclusivamente en intentar localizar las máquinas de tren para las que se habían solicitado las subvenciones y que la exregidora indicó la situación exacta de todas ellas.

Asimismo señalan que casi todas las argumentaciones se centran en posibles problemas administrativos, motivo por el que se registró el Ayuntamiento.