El Togado Militar 21 de Sevilla rechaza la prisión provisional para los mandos imputados en el caso Cerro Muriano

El Juzgado Togado Militar 21 de Sevilla ha decidido no decretar la prisión preventiva para los tres mandos (capitán, teniente y sargento) imputados por la muerte del cabo Miguel Ángel Jiménez y del soldado Carlos León durante unas maniobras el pasado 21 de diciembre en Cerro Muriano. De esta forma, rechaza la solicitud realizada por los abogados de la familia del cabo cordobés, quienes suplicaban que el juez impusiera la medida cautelar por el "posible riesgo" de "fuga de los encausados" y de "manipulación" de las "pruebas".

Sin embargo, el togado comparte la postura anunciada, previamente, por la Fiscalía: "No concurren los requisitos legales que objetiven la necesidad de adoptar tan gravosa medida cautelar". El juzgado justifica esa decisión en el "carácter incipiente y embrionario del proceso", como se recoge en el auto al que ha tenido acceso Diario CÓRDOBA.

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La Fiscalía había aclarado que "las pruebas no pueden ser objeto de manipulación o tergiversación alguna, pues se hallan a disposición del Juzgado de Instrucción 4 de Córdoba", así como que los mandos "en todo momento han acudido tanto a los llamamientos judiciales como administrativos".

La relación de superioridad y el puesto de los mandos

Los tres abogados que componen las defensas, citados en una audiencia para exponer sus argumentos sobre la petición, mostraron su rotundo rechazo. Concretamente, Francisco Muñoz Usano, letrado que representa al capitán, alegó la "extemporanidad" de la solicitud y una "falta de fundamentos jurídicos y fácticos". En su opinión, motivos como el "riesgo de fuga" o la "destrucción de pruebas" resultan "ofensivos" para la institución militar. Y recordó que el capitán "ya no está al mando" de la compañía "ni tiene contacto con sus subordinados".

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Precisamente, esa relación de superioridad era uno de los argumentos principales de las acusaciones. El letrado Francisco Pérez, que representa a los padres de Miguel Ángel Jiménez, señalaba que "la mayoría de los testigos siguen estando bajo las órdenes de los investigados, con el consiguiente grave riesgo de que las pruebas testificales se puedan ver claramente manipuladas y/o tergiversadas". Exposición que refuerza Antonio Granados, abogado de la viuda del cabo, explicando que "los encausados pueden influir negativamente en los testigos, pues mantienen su puesto de trabajo y por ello pueden acceder a pruebas y modificarlas".

La familia del soldado se sumó a la petición

El letrado Luis Romero, en representación de la familia del soldado León, se sumó a esa petición parcialmente. Él pidió la prisión provisional únicamente para el capitán "en atención a las graves penas a las que pudiera enfrentarse como responsable de un delito de homicidio doloso eventual". Respecto a los otros dos mandos, expuso que "no tiene elementos suficientes para pronunciarse sobre la adopción de medida cautelar alguna, pues no han sido oídos".

Sobre la postura de este último abogado, el Togado Militar ha mostrado, en el mismo auto, su perplejidad al considerar "incoherente" dicha ausencia alegada de elementos pues "han depuesto en el seno de las mismas diligencias policiales" tanto el capitán "como el teniente y el sargento", por lo que "en principio es de suponer que si el letrado conoce lo manifestado por el capitán, también ha de conocer lo manifestado por los otros dos encausados".