La pérdida de alumnos en la Educación Primaria es una constante desde hace años debido a la bajada de natalidad en las sociedades occidentales. No es una situación exclusiva de la provincia de Córdoba y ni siquiera de Andalucía o España, sino que se repite en toda Europa. Esa circunstancia afecta, cómo no, a la planificación educativa, en medio de un debate que se prolonga desde hace años. Los efectos de la pérdida de alumnos se notan de manera diferente en la enseñanza pública y en la concertada.
El sindicato de funcionarios CSIF ha realizado un balance de los últimos cinco años sobre el cierre de unidades y sus datos son reveladores: se han perdido 201 aulas en toda la provincia de Córdoba en un lustro (sin incluir los datos del curso 2023-2024, que comienza la próxima semana) entre Infantil y Primaria. De ellas, sólo 12 unidades (dos de Infantil y 10 de Primaria) han desaparecido en las escuelas concertadas, mientras que 189 han sido en la pública. La proporción es de 15 a 1.
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Los sindicatos y asociaciones defienden que la pérdida de población infantil debe ser vista como una oportunidad para mejorar la calidad de la enseñanza, más que como un problema, que también lo es. En lugar de mantener la ratio de 25 alumnos cerrando clases, se debería mantener el profesorado y bajar el número de alumnos a los que atienden, o aumentar los servicios que se prestan a la comunidad. O, incluso, reduciendo las tareas administrativas de los profesores.
Antonio Pachón, responsable del sector de Educación de CSIF Córdoba, se pregunta si «sólo en la educación pública hay bajada de natalidad», a tenor de los datos anteriores. Si hay menos alumnos, «baja la ratio a 20 o reduce las horas lectivas de cada docente, para que tenga menos burocracia y se pueda atender al mayor número de familias con necesidades especiales, o para más tutorías o atención a las familias», propone.
Rafael García, secretario general de Escuelas Católicas de Córdoba —asociación que engloba a 40 centros concertados de carácter religioso de la provincia—, corrobora el diagnóstico y asegura que en este curso, en sus centros sólo se va a perder un aula de Infantil de 0 a 3 años. Y aun así, sostiene que «no se debería perder ninguna, ni en la pública ni en la concertada». En su opinión, «la pérdida de alumnos puede aparentemente ser perjudicial, porque indica que no hay niños y se cierran unidades, pero eso debe ir aparejado con una mejora en el servicio, que implica más dotación de servicios y de docentes. No sobran profesores, sino que faltan».
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García pone ejemplos de cómo se debería actuar con menos niños en las aulas: abrir más ciclos formativos, desdoblar a profesores en el tercer ciclo de Primaria o dedicar más tiempo a las familias con necesidades especiales, entre otros.
Los sindicatos
Francisco Cobos, secretario general del sindicato de Educación de CCOO en Córdoba, considera que la Administración pública «no está siendo valiente» para afrontar la mejora en la calidad de la enseñanza.
El responsable del área insiste en que hay que bajar la ratio sobre todo en los primeros cursos de Primaria, cuando se pueden detectar de manera temprana las carencias intelectuales y cognitivas a través de la interacción con los compañeros de clase, «y eso no es lo mismo con 25 que con 15 niños en el aula». CCOO denuncia otras carencias en la educación pública, tales como la externalización de servicios, el retraso en la climatización o la falta de cobertura de vacantes.
Finalmente, el secretario provincial de Enseñanza de UGT Servicios Públicos (UGT SP) de Córdoba, Juan Carlos Varo, señala «la necesidad de reducir la carga lectiva en todos los niveles, así como reducir el número de alumnos y grupos asignado a cada docente». También apuesta por «aplicar incentivos económicos, laborales y profesionales en la carrera docente» del profesorado.