El campo pide soluciones

La sequía, la subida de los costes de producción, la pérdida de competitividad frente a terceros países y los efectos negativos de las exigencias medioambientales de la Unión Europea son algunos desafíos actuales del campo, un sector donde las organizaciones profesionales utilizan los calificativos de «ruinosa» y «dramática» para describir la situación. 

En los últimos años, agricultores y ganaderos han protestado para reclamar soluciones ante problemas como la crisis de los precios y la falta de agua. En la pandemia de coronavirus, el sector ha demostrado su fortaleza y, precisamente, una de sus peticiones en estos momentos es que se garantice la soberanía alimentaria ante situaciones como las guerras (por las consecuencias que está teniendo el conflicto bélico en Ucrania) y las crisis sanitarias. 

El próximo 5 de septiembre, profesionales de todo el país han sido convocados por Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias en Córdoba para participar en una protesta con motivo de la reunión informal de ministros de Agricultura de la UE en esta provincia. Según detalla Asaja, la situación de los productores es «ruinosa» y «las organizaciones agrarias convocantes exigen soluciones políticas coherentes en materia de cambio climático, seguridad alimentaria y protección del tejido productivo nacional y europeo».

El relevo generacional

Sin embargo, las explotaciones enfrentan, también, otro reto importante. Al ser preguntado por los problemas del sector agrario en España, el sociólogo Eduardo Moyano explica que, «coyunturalmente, el problema más acuciante es la sequía, aunque sus efectos varían entre regiones y tipos de cultivos». A esto añade que, «no obstante, las ayudas europeas de la Política Agraria Común mitigan los efectos, al asegurar un nivel de renta a los agricultores». A su juicio, «a largo plazo, el principal problema es el relevo generacional. Sin jóvenes, no es posible afrontar los retos de la digitalización y la transición energética».

Eduardo Moyano plantea que el desafío del relevo generacional «es multidimensional (económico, fiscal, cultural, educativo...) y por eso tiene que ser afrontado como un asunto de Estado, con políticas intersectoriales en las que se impliquen varios ministerios».

En cuanto a la digitalización, entiende necesario «extender la banda ancha a todo el territorio rural para posibilitar la aplicación de las nuevas tecnologías en la actividad agraria, la agricultura de precisión», y recuerda que «es un reto similar al que tuvo España en los años 1960 con la electrificación rural».

Respecto a la transición energética y ecológica, a su parecer «exige políticas de incentivos a los agricultores para que cambien sus prácticas agrícolas tradicionales por otras más sostenibles. Ello precisa, además, de plazos realistas y alternativas claras, en materia de pesticidas y fertilizantes, por ejemplo, para afrontar esos cambios». 

El sector, unido

El presidente de Asaja en Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, afirma en referencia a la situación del sector que «la preocupación es tan cierta como que COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias están con nosotros» en la movilización nacional del próximo martes. 

De Mesa estima que con la nueva PAC llegarán menos ayudas y reivindica «igualdad de trato con terceros países en uso de fitosanitarios, fertilizantes o condiciones laborales». También asegura que «en Bruselas hay un dislocamiento medioambiental».

Entre otras ideas, el presidente de Asaja critica que «la Ley de cadena alimentaria no consigue que los precios cubran los costes de los agricultores». En su opinión, la clave para solucionar la situación es «que se reconozca el papel del agricultor, que producimos alimentos sanos y seguros».

Solicitan más ayudas

Por otro lado, el secretario general de UPA, Miguel Cobos, apunta a la sequía y los altos costes como principales problemas. «El sector está pasando una situación dramática», asegura. Este profesional denuncia que los productores «estamos aguantando a pulmón, la Administración autonómica y central han dado ayudas totalmente insuficientes».

Sobre la nueva PAC, difiere de lo planteado por Asaja y señala que «el importe global del presupuesto es el mismo. A Córdoba seguirán llegando unos 300 millones anuales». También apunta que «tiene efectos positivos como el techo en las ayudas y el sistema redistributivo, que favorece a pequeñas y medianas explotaciones. Lo negativo es la burocracia y que hay muchas más normas medioambientales», opina.

En otro orden de cosas, el responsable de UPA alerta de la existencia de lobbys en Europa «que hacen que tienda a ser un gran parque natural y que perdamos la soberanía alimentaria, que nuestra alimentación dependa de terceros países. El sector agrícola y ganadero es estratégico», defiende.

Pérdida de diversidad

Por su parte, la secretaria general de COAG, Carmen Quintero, alerta de la pérdida de diversidad de cultivos como una de las consecuencias de la sequía. «El productor pierde la capacidad de decidir lo que produce por la falta de agua y ante el hecho de que el cultivo leñoso sí la va a tener», indica. Entre otros problemas, Quintero alude a la falta de agua en el Valle de los Pedroches para abastecer al ganado y lamenta que «la gente no puede seguir empobreciéndose cuando produce alimentos para la sociedad». 

Esta responsable coincide en que «la situación del sector es ruinosa» y critica que «la gestión del agua esta campaña ha sido pésima. Han ido a favorecer el olivar y a destruir las hortícolas». Además, opina que «nos han dado un tiro de gracia con la reforma de la PAC». Así, acerca de la protesta del martes, afirma que «es importante que los políticos se enteren de que el sector primario no debe ser moneda de cambio».

«Preocupación máxima»

El catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universidad de Córdoba Emilio Camacho alerta de que el déficit hídrico en el suelo «es terrible» y admite que existe una «preocupación máxima de cara al otoño y la campaña de la aceituna».

Este experto describe la situación como «límite» y recuerda que los embalses de la provincia pierden agua almacenada, prácticamente, desde 2013. Si el próximo otoño vuelve a registrar lluvias por debajo de lo normal, «no ya la agricultura de regadío, que este año lo ha pasado muy mal, sino que el abastecimiento estará amenazado en muchas poblaciones, algunas importantes», adelanta. «Este mes y el que viene comenzarán las restricciones en municipios importantes», avanza.

Sin embargo, Emilio Camacho comenta que en estos momentos los embalses se encuentran algo mejor que en la sequía de 1995. Aquel año, empezó a llover en noviembre y la continuidad de las precipitaciones permitió que el nivel de los embalses se recuperase en 1996. «Esperemos que pase lo que ocurrió aquel año», destaca. 

Mientras tanto, el contexto actual «puede llevar, por supuesto, al cierre de empresas y explotaciones. Algunas han tenido pérdidas este año y es posible que muchas almazaras el año que viene ni abran», prevé este catedrático. 

Suscríbete para seguir leyendo