Abogados y procuradores de Córdoba alertan del cierre de bufetes y la caída de la facturación

Abogados y procuradores de Córdoba han alertado este miércoles del cierre de bufetes y de la caída de la facturación debido al cese de actividad en los juzgados, ocasionado por las sucesivas huelgas en la Administración de Justicia. Primero fueron los letrados y, ahora, los funcionarios que, con carácter indefinido, se mantienen en huelga desde el 22 de mayo. Esa situación conlleva el retraso y la suspensión de un buen número de precedimientos judiciales.

Más de un centenar de abogados se ha concentrado a las puertas de la Ciudad de la Justicia, bajo el lema En defensa de la Justicia: Por la ciudadanía, por la abogacía y por la procura. De está forma, han exigido a los poderes públicos que lleguen a un acuerdo para reactivar la Justicia e implanten medidas para hacer frente a los retrasos acumulados.

La situación es "absolutamente insostenible", ha lamentado Carlos Arias, presidente del Colegio de la Abogacía. Y los problemas ocasionados, advierte, se suman al "déficit histórico y estructural que arrastra el servicio público desde hace décadas". "A día de hoy, se siguen suspendiendo cientos de vistas solo en la provincia de Córdoba, en muchos casos sin previo aviso", ha asegurado Arias.

Desesperación en los colectivos

Para el máximo representante de los abogados cordobeses es "descorazonador" lo que está sucediendo. Algunos señalamientos, precisa, se están retrasando a 2026. Y esta paralización de la Justicia, considera Arias, pone en jaque el derecho a una tutela judicial efectiva de los ciudadanos.

Abogados y procuradores, explica Arias, están en un mismo barco que "se está hundiendo". Ambos colectivos se están viendo afectados por los parones, ya que irremediablemente repercute en su trabajo. "Los abogados están desesperados, están cerrando bufetes", ha señalado el presidente del Colegio de la Abogacía.

Ha insistido en que "la abogacía y la procura están viviendo sus peores momentos, igual que la ciudadanía". "Los despachos profesionales se están cerrando, no podemos cumplir con nuestras obligaciones y la administración pública no está haciendo lo que ha de hacer. Estamos en la absoluta ruina", ha terminado diciendo. El colectivo, además de exigir una solución a esta situación, ha pedido que, tras las elecciones del 23 de julio, se alcance un pacto de estado por un "servicio público efectivo y de calidad".

Bajada de facturaciones

Los procuradores han cifrado en un 40% la caída de la facturación debido a las huelgas, según ha apuntado la decana del Colegio de Procuradores, María José Carralero. El tesorero del Colegio de la Abogacía, Francisco Higuera, considera que esa bajada se puede extrapolar a un 20 % o un 30% para los abogados, que, además de los pleitos, pueden contar con asesorías y otros trámites judiciales en sus agendas.

Aún así, ante este parón de la Administración de Justicia, el letrado considera que tienen pocas alternativas. Por eso, aunque no puedan relacionarlo directamente con la situación de huelga, desde el Colegio de la Abogacía de Córdoba aprecian un aumento de las bajas colegiales de compañeros de profesión.

En estos momentos, una de las tesituras que se plantean es que, ante la inminente celebración de elecciones generales, puedan encontrarse en septiembre en el punto de partida. Serían siete meses en una situación delicada e Higuera pregunta retóricamente si es rentable mantener un despacho abierto en esas condiciones. De momento, los funcionarios de Justicia continúan en huelga y, este jueves, tendrá lugar en Córdoba una manifestación para denunciar "la falta de diálogo del Gobierno central para poner fin a la huelga".