Aumentan un 10% las sentencias condenatorias por violencia de género en Córdoba

La justicia cordobesa es una de las que más condena por delitos de violencia de género. Tanto es así que un 81% de las sentencias dictadas por los juzgados de la provincia resultan condenatorias. Esa cifra supone un 20% más que la media andaluza. A nivel regional, se queda en un 60%. En total, en Córdoba se interpusieron, durante 2022, hasta 104 sentencias que daban la razón a la víctima y condenaban al agresor, según se extrae de la memoria anual del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Córdoba, tras Granada, es la provincia andaluza con un mayor porcentaje. Son los juzgados de la demarcación vecina los que cuentan con la cifra más alta: el 84%. Estos números contrastan con los que presentan otras zonas de la región. Es Sevilla, por ejemplo, la que muestra la cara contraria, con un 42% de condenas. En Huelva, los fallos a favor de la víctima fueron un 48%. En Almería, se situaron ligeramente por encima de la mitad con un 52%. Números similares se dieron en Cádiz, donde se contabilizó un 54%. En Málaga fueron el 56%. Y en Jaén, llegaron a un 66%.

Este resultado, arrojado tras la realización del balance del año pasado, conlleva, además, un incremento del 10% de las sentencias condenatarios en la provincia entre 2021 y 2022, según ha precisado este miércoles Francisco de Paula Sánchez Zamorano, presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, durante la presentación de los datos de la memoria.

En los juzgados de Andalucía se recibieron 38.753 denuncias (14% más que el año anterior). Por otra parte, durante el año pasado, se dictaron 1.577 sentencias penales, de las cuales el 60% (947) resultaron condenatorias. El Consejo General del Poder Judicial destaca en su memoria que ninguna víctima con protección (se aprobaron 6.579 órdenes, un 81% de las 8.439 solicitadas) fue víctima mortal. Por contra, fueron asesinadas 10 mujeres sin protección.

Ocho de cada diez protecciones aprobadas

Los juzgados cordobeses recibieron 2.840 denuncias por violencia de género. De las denunciantes, el 4% se acogió a la dispensa en relación con la obligación de declarar como testigo. Asimismo, se adoptaron 333 órdenes de protección, lo que supone un 80% de todas las incoadas. Por lo tanto, denegadas resultaron 85.

En este punto, Sánchez Zamorano ha aclarado que, si bien el porcentaje de solicitudes positivas es alto, disminuyó la cifra total respecto al año anterior. Aún así, el presidente de la Audiencia ha destacado el aumento de la protección a las víctimas que, en su opinión, reflejan los datos.

Sobre estos resultados, que en un principio parecen positivos, Sánchez Zamorano quiso poner las conclusiones "entre comillas" porque, aunque "es un dato objetivo", puede ser coyuntural y no estructural. Por lo tanto, el presidente de la Audiencia Provincial prefiere dar tiempo a las estadísticas y observar la evolución para extraer conclusiones certeras.