Tribunales

Una mujer se enfrenta en Córdoba a prisión por mover dinero para una empresa ficticia

La acusada aceptó una oferta laboral que consistía en abrir cuentas y gestionar ingresos de una entidad que aparentemente se dedicaba a la exportación e importación

Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

Solo unos correos electrónicos y unos mensajes de WhatsApp bastaron presuntamente para convencer a una mujer, ahora acusada de blanqueo de capitales, de trabajar para ellos. La oferta era clara: abrir cuentas bancarias, mover el dinero siguiendo las instrucciones y ganar entre 200 y 300 euros semanales. Por ese trabajo, ahora se enfrenta a un año de prisión y una multa de 2.000 euros en un juicio de la Audiencia Provincial.

Así relata la Fiscalía de Córdoba, en su escrito de calificación, unos hechos tras los cuales existe una empresa ficticia dedicada a la "venta fraudulenta" de productos. Fue tras una de las operaciones cuando saltó la alarma. Un hombre adquirió por internet un contenedor que debían enviarle desde Alemania. Por ello, transfirió 1.325 euros a la acusada. Dinero que ella procedió a ingresar en diferentes cuentas facilitadas por la supuesta empresa.

Seis cuentas y 48.000 euros

Dicha entidad, en apariencia, se dedicaba a la exportación e importación de productos. Con el cometido que le fue encomendado, la acusada llegó a abrir hasta seis cuentas bancarias y a gestionar hasta 48.000 euros de esta empresa "carente de actividad".

De las personas que contactaron con la encargada de gestionar la actividad económica de la empresa fantasma "se desconoce" su identidad, aclara la Fiscalía. La fecha de contacto también es "indeterminada". Pero el fiscal tiene claro que la acusada ejerció la actividad mencionada "sin guardar la mínima precaución" sobre la operatividad. En ningún momento, considera el Ministerio Fiscal, la mujer tuvo en cuenta el origen o las circunstancias de ese dinero que tenía que mover.

Por todo ello, acusa a la encargada de abrir las cuentas y realizar las transferencias de un delito de blanqueo de capitales. Por tal delito, la Fiscalía solicita un año de prisión y 2.000 euros de multa. Por cada 200 euros impagados, la acusada, juzgada por la Audiencia Provincial, sumaría un día a la pena de privación de libertad.