¿Cómo frenar la inflación alimentaria?

Se dice, y con razón, que una inflación elevada es el peor de los impuestos. Y aún más si la subida de precios se ceba en los alimentos, como ocurre en el conjunto de la UE. Habituados a una inflación en torno al 2%, la inflación media en la UE ha ido subiendo en 2022 hasta el 10,4%, y los precios de los alimentos hasta un 17,8%, con alzas de más del 30% en algunos productos. Aunque en España la inflación está siendo menor (5,5% la general y 15,4% la alimentaria), es aún elevada.

Es un tema complejo, pues el alza de los precios se produce de forma rápida, pero su descenso suele ser lento a pesar de las medidas que se adoptan para frenarlo. Ahí radica el coste político de la inflación para cualquier gobierno, ya que la opinión pública tiene la sensación de que se hace poco para afrontar ese problema.

Ante el aumento del precio de los alimentos, el Gobierno de Pedro Sánchez ha actuado aprobando una ayuda de 200 euros a personas con rentas por debajo de un determinado nivel con objeto de mitigar su efecto en los grupos más vulnerables. Además, ha bajado el IVA de un importante conjunto de alimentos (en algunos, como pan, leche, huevos o patatas, hasta dejarlo en 0%; y en otros, reduciéndolo del 10% al 4%). Con la rebaja del IVA se ha doblegado la curva de la inflación alimentaria, tal como se refleja en los datos del IPC de enero (ha bajado al 15,4%). Pero la verdad es que su efecto en la cesta de la compra es aún imperceptible (ha disminuido, por ejemplo, el pan en un 0,2%; la harina, un 2,3%; la leche, un 1,5%; o los huevos, un 1,5%).

Argumento poco sólido

El Gobierno no contempla medidas que interfieran el mercado, como topar los precios de los alimentos (como sí se ha hecho con la energía) o bonificar una cesta de productos básicos. Estas medidas son reclamadas de forma insistente por Unidas Podemos, socio del gobierno de coalición, con el argumento de que en la actual coyuntura inflacionista la gran distribución está obteniendo elevados beneficios.

Medidas como limitar precios serían difíciles de asumir por el pequeño y mediano comercio

No obstante, ese argumento es poco sólido. La actual inflación alimentaria se debe al aumento de los costes de las materias primas ocasionado, sobre todo, por la guerra de Ucrania, pero también se debe a la sequía, que ha reducido algunas producciones. En ese contexto no parece que del aumento del precio de los alimentos se esté beneficiando la distribución, a diferencia de lo ocurrido en el sector de la banca o en el energético con la subida de los tipos de interés o de los precios de la energía, respectivamente.

La negativa del Gobierno a adoptar ese tipo de medidas se justifica por varias razones. En primer lugar, porque el mercado alimentario no es como el energético. A diferencia de éste, sometido a un alto nivel de regulación por el Estado, el de la alimentación se regula mediante las relaciones entre los componentes de la cadena alimentaria (agricultores, industrias y distribución). Esto es algo que está establecido desde el inicio de la UE en las normativas comunitarias, que abogan por la libre competencia en el sector de la alimentación, por lo que intervenirlo iría contra la legalidad.

Por ello, en este sector, el poder público solo puede introducir medidas que equilibren la cadena alimentaria y hagan más eficiente su funcionamiento, que es lo que pretende la Ley 16/2021. Esta ley mejora la posición de los agricultores, que son el eslabón más débil, equilibrando las relaciones de contratación con la industria y la distribución. Pero no interfiere el mecanismo de fijación de precios, que se deja al juego del mercado y a los acuerdos entre los distintos componentes de la cadena alimentaria. El Gobierno entiende, además, que topar el precio de los alimentos sería cargarse la filosofía de esta ley. Una limitación del precio final de los alimentos acabaría teniendo efectos perniciosos en los precios percibidos por los agricultores, empobreciendo aún más las rentas de este colectivo, que es lo contrario de lo que pretende la ley de la cadena. El ministro de Agricultura, Luis Planas, está convencido de que esta ley es un buen instrumento, y confía en la cooperación entre productores, industrias y distribución para luchar contra la inflación, tal como trasladó al Observatorio de la Cadena Alimentaria reunido el pasado lunes día 20 de febrero.

Medidas que carecen de sentido

La segunda razón es que el mercado alimentario ofrece una amplísima gama de productos. Por ejemplo, el tomate se presenta con más de una veintena de variedades; son varias decenas los tipos de patatas; y algo similar ocurre con la lechuga, las cebollas o las peras y manzanas. Esto hace que carezca de sentido establecer en este sector un tope a los precios o la bonificación de una cesta básica de alimentos (¿qué alimentos se incluirían y cuáles no?, ¿qué tipos de tomates, de cebollas o de manzanas serían bonificados?). Allí donde se ha intentado implantar esta medida, como ocurrió en Francia durante la presidencia de Sarkozy, se tuvo que retirar al poco tiempo por su ineficacia y porque provocaba graves desequilibrios en la oferta.

La tercera razón radica en el hecho de que en España el mercado alimentario está muy atomizado. Las cinco grandes distribuidoras apenas superan la cuarta parte de la cuota de mercado (27,7%, según datos de 2021) compitiendo con 330 cadenas de distribución organizada, 55.000 establecimientos minoristas y 300.000 del canal Horeca. Por ello, medidas como la limitación de precios serían muy difícil de asumir por el pequeño y mediano comercio, cuyos márgenes son ya muy ajustados.

En definitiva, las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez para frenar la inflación son adecuadas y están en línea con lo que proponen otros partidos, salvo Unidas Podemos. Coinciden, además, con lo que se está haciendo en la UE. Solo queda esperar a que continúen doblegando la curva inflacionaria y que no se deteriore el contexto internacional. Poco más puede hacerse, salvo bajar el IVA en productos donde hay todavía margen, aumentar el bono de 200 euros o extenderlo a una población algo más amplia.

** Ingeniero agrónomo y sociólogo del IESA

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