El gran problema de las empresas cordobesas es el coste laboral y de materiales, según Construcor

El consejo de gobierno de Construcor ha analizado la situación actual del sector en estos primeros meses del año y advierte que el gran problema que "están soportando las empresas cordobesas es de costes y no de actividad o capacidad. En este sentido, las empresas tienen la capacidad para realizar cualquier proyecto, tanto en el ámbito privado como en el público, pero el problema es que los presupuestos y los pagos no se corresponden con los costes que sufren", informa una nota de prensa de los empresarios de la construcción. 

Entre estos costes se encuentran los laborales, las cargas administrativas, la exigencia - en los pliegos públicos- de tener medios adscritos a obra, personales y materiales, lo que, "necesariamente, obliga a las empresas a incrementar su estructura y el alargamiento de la duración hasta liquidación de los contratos. En muchas ocasiones, la obra ha terminado pero no se da la certificación final de obra, la liquidación definitiva o la devolución de las garantías", se explica en la nota.

Este aumento de costes, podría facilitar "un indeseable aumento de la economía sumergida y competencia desleal" a través del empeoramiento de las condiciones laborales perjudicando a las empresas que cumplen el convenio colectivo del sector.

Sin justificación

Por otra parte, Construcor considera que "no hay justificación para eliminar el sistema de revisión de precios", que juega a favor del contratista cuando suben los precios, y en su contra cuando bajan, lo que, por ejemplo, ha dejado obras sin realizar en Andalucía por valor de 206 millones de euros. Por ello, estima que se debería poner un sistema de restablecimiento del equilibrio económico del contrato en la Ley de Contratos del Sector Público estable, recogiendo - por ejemplo- que sólo empezará a funcionar a los tres meses desde el último día de la presentación de la oferta.

En relación a ello, Construcor, en sintonía con las reclamaciones del  del sector en el conjunto del Estado y en Andalucía, estima que es "necesario incluir en el sistema de revisión de precios el incremento de la mano de obra, el de la energía e incluirse los contratos de conservación y mantenimiento, servicios y de concesiones de servicio. En este sentido, la operación, conservación y mantenimiento de infraestructuras suponen poco incremento de coste a la administración pero son esenciales, y sus plazos de ejecución van de cuatro a cinco años", concluye la nota.