El trabajo para investigar los delitos medioambientales es un trabajo colaborativo. Lo cuenta el inspector jefe de la Unidad de Policía de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Pedro Pablo González, y lo confirma el jefe interino de la Unidad de Protección de la Naturaleza (Uprona), que está dentro del Seprona-, de Córdoba, Buenaventura Aguilar. Sobre el trabajo que se realiza, Pedro Pablo González detalla que estos delitos se investigan tanto por propia iniciativa, «puesto que disponemos de patrullas especializadas recorriendo todo el territorio de la provincia realizando labores preventivas y de vigilancia», como por denuncias de particulares. La máxima la refrenda el capitán Aguilar, que, además, resalta la colaboración ciudadana que existe en torno a este tipo de delitos en Córdoba. González explica que la existencia o no del delito se realiza mediante una inspección ocular, la recogida de pruebas y/o indicios, vigilancias, seguimientos, registros y declaraciones de testigos «que nos llevan a la identificación de los presuntos autores, a quienes, llegado el momento, se procede a su detención y puesta a disposición de la autoridad judicial competente».
En el caso de la Policía Adscrita, además, disponen de un grupo especializado que depende de la jefatura de unidad en Sevilla, denominado UROM (Unidad Regional Operativa Medioambiental) con medios técnicos específicos, que en caso de necesidad presta apoyo a cualquiera de las ocho jefaturas provinciales.
Durante las investigaciones, resalta González, se cuenta con la colaboración de los agentes de Medio Ambiente, que colaboran en las inspecciones, entre otras, las de búsqueda de venenos y otros medios de caza prohibidos, con perros entrenados para detectar este tipo de sustancias, con agentes de la BIIF (Brigada de Investigación de Incendios Forestales) que realizan la inspección técnica en la investigación de los incendios forestales y emitiendo el informe pericial donde se determina el origen y la causa.
Ese trabajo colaborativo y la estrecha unión entre cuerpos y administraciones en torno a esta tipología de delitos también teje lazos con técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para las inspecciones de vertidos a ríos y embalses, así como con la Fiscalía de Medio Ambiente.
Precisamente la fiscal de Medio Ambiente de Córdoba, María Eugenia Bautista, también comenta el trabajo que se hace con estos casos. A la Fiscalía llegan denuncias por muchos cauces, desde la propia Policía o del Seprona, así como de organizaciones ecologistas, la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) o de propios particulares. La Fiscalía abre diligencias de investigación para ver si interpone denuncia o no, unas diligencias que, en ocasiones, no precisan de mucho trabajo porque los casos ya vienen muy completos. A partir de aquí, los casos en los que la Fiscalía entiende que existe la comisión de un delito ya entran en el proceso judicial.
Si bien el capitán Aguilar del Seprona explica que en la mayoría de casos que intervienen no tienen que dar aviso a la autoridad judicial porque se resuelven sin necesidad de pasar por los tribunales, desde la Fiscalía de Medio Ambiente comentan que, en su caso, el porcentaje de denuncias es mayor que el de archivos, si bien María Eugenia Bautista explica que «nuestro embudo es más estrecho».
