Más de un centenar de manifestantes, entre trabajadores y representantes sindicales de UGT Servicios Públicos se ha concentrado este viernes ante las puertas de la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía en Córdoba para "exigir a la Administración que obligue a la nueva empresa licitaria del servicio provincial de transportes sanitarios, la UTE TSI Córdoba SSG y Ambulancias M. Pasquau, a cumplir el convenio y los términos de la licitación".
Durante el acto, los manifestantes han emitido continuos silbidos de protesta y han vitoreado eslóganes "a favor de la mejora del servicio, del cumplimiento de la legalidad" y mostrando a la Junta "su responsabilidad a la hora de exigir el cumplimiento de las normas y de los derechos laborales".
La secretaria provincial de Salud y Servicios Sociosanitarios de UGT SP en Córdoba, Mari Carmen Heredia, recordó una reunión mantenida entre el sindicato y la delegada de Salud en Córdoba, María Jesús Botella, hace tan sólo dos semanas y en la que ésta se comprometió a llevar todas las reclamaciones a la mesa de seguimiento pero, aseguró que, “tras haber pasado todo este tiempo aún no tenemos noticia alguna de si la mesa se ha reunido y en qué términos han decidido afrontar esta responsabilidad”.
De hecho, la secretaria provincial de Salud de UGT denunció el incumplimiento por parte de la Consejería de Salud del Real Decreto 486/1997 por el que se establece que los trabajadores y trabajadoras deben de disponer de un área de descanso en su centro de trabajo, “algo que corresponde a la Administración asumir y que no está llevando a cabo, provocando que trabajadores y trabajadoras que pasan en sus servicios 24 horas no tengan donde descansar, comer o disponer de una zona de higiene personal, algo que también repercute en el cansancio, el estrés y la calidad del servicio”.
Denuncian el "incumplimiento" de un real decreto
Por otra parte, desde UGT acusan a la consejería de no cumplir con el Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, por el que se establecen las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera y “no poner a disposición las ambulancias del tipo adecuado para asistir a las urgencias y accidentes con el equipo y el personal adecuado, algo muy grave y que puede tener terribles consecuencias para las personas que son atendidas, y que supone jugar con la salud de los pacientes”.
Heredia acusó a la Administración de “mirar para otro lado” y advirtió que “desde UGT vamos a estar vigilantes para que haga cumplir y actúe sobre la empresa adjudicataria, para que se cumpla lo que por Ley le corresponde”. De no cumplirse estos términos, aseguró la secretaria provincial de UGT, “acudiremos a la vía judicial”.
Por su parte, el representante de UGT en la empresa, Enrique Pérez, denunció “la extrema situación en la que se encuentran los trabajadores y trabajadoras de este servicio, que llevan sin cobrar sus horas extra desde septiembre, cuando la nueva empresa asumió la licitación del servicio, y que se encuentran en unas condiciones económicas que, en muchos casos, les impiden poder afrontar pagos básicos mientras la empresa no da ningún tipo de explicación a esta situación”.
Enrique Pérez destacó no comprender “cómo es posible que la anterior empresa cumpliera con el convenio y esta nueva empresa, cobrando cinco millones de euros más, tenga al servicio en esta situación, poniendo al límite no sólo a los trabajadores y trabajadoras, que además asumen turnos que superan la normativa, sino también a los usuarios del servicio, jugando con su salud, mientras que la Administración mira para otro lado y tampoco cumple su parte”.
Pérez señaló que “la Administración ha contratado un tipo de ambulancias que no son las idóneas para hacer ciertos traslados y asistir a los accidentes que cubrimos, del tipo A1, ya que se trata de ambulancias con una sola camilla y un solo técnico, que va conduciendo, mientras que lo que necesita la ciudadanía para tener una asistencia de calidad es una ambulancia con soporte vital básico y con dos técnicos para que podamos asistir a los enfermos en los traslados, con cierta calidad, pudiendo inmovilizar una fractura de cadera o asistir a una persona infartada”.
El representante de UGT en la empresa indicó que “no sabemos realmente qué es lo que quiere la empresa, si quieren que los trabajadores nos quedemos, o que nos vayamos por el cansacio ante esta situación y ahorrarse así nuestras indemnizaciones por despido, sustituyéndonos por personal en prácticas o nuevos TES a los que pagar menos y ahorrándose la antigüedad, pero lo cierto es que los trabajadores estamos al límite, no podemos más con esta situación, y exigimos a la Administración que asuma también su responsabilidad y haga cumplir el convenio y los términos de la licitación que ella misma firmó con esta nueva empresa”.
