El departamento de Minas de la Junta de Andalucía ha recibido, en lo que va de año, 42 denuncias de pozos peligrosos. Así lo demuestran los datos aportados por el Gobierno andaluz a este periódico, que suponen que en lo que va de 2022 ya se hayan detectado pozos sin condiciones de seguridad en el mismo nivel que en todo el 2021, cuando también hubo 42 denuncias. Tanto el dato del 2021 como el recabado hasta la fecha en este ejercicio actual suponen un aumento muy significativo con respecto a los años anteriores. Concretamente, en el 2020 fueron 16 las denuncias recibidas, mientras que en el 2019 llegaron a la veintena, lo que se traduce en que la cifra se ha duplicado en tres años.
Según explica la Junta de Andalucía, las denuncias que recibe el departamento de Minas son realizadas por la Guarda Civil, la Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Policía Local o agentes de Medio Ambiente, que también se encargan de dar la alerta sobre aquellos pozos que no cuentan con autorización de obra.
Con respecto a los pozos antiguos que carecen de medidas de seguridad, la Junta de Andalucía detalla que no se pueden sancionar por carecer de autorización de obras. Por lo tanto, la forma de proceder consiste en el envío de una carta a los propietarios de los terrenos en los que se encuentran los pozos, requiriéndoles para que los pongan con las medidas de seguridad necesarias.
Pozos sin autorización
En el caso de los pozos/sondeos recientes denunciados por no tener la autorización de obras en Minas, pueden tener la solicitud de obra o no, detallan las fuentes del Ejecutivo autonómico. En estos casos se hace una propuesta de sanción, que se envía al departamento de Legislación. La posterior tramitación y los importes de las multas son gestionados por dicho departamento.
El número de denuncias sobre pozos sin autorización de obras es bastante inferior a las de los peligrosos. En este caso, en lo que va de año, el departamento de Minas de la Junta de Andalucía ha recibido nueve denuncias sobre pozos ilegales, una cifra mucho más menguada que las registradas en años anteriores. En este caso, según los mismos datos, en el 2021 se llegó a las 41 denuncias por pozos sin autorización de obras, mientras que en el 2020 fueron 60 y en el ejercicio 2019, 39.
Autorizaciones
En el mismo informe también aparece el número de autorizaciones de captación de aguas subterráneas. Hasta el 11 de octubre del 2022, la Junta de Andalucía había recibido un total de 1.254 solicitudes en la provincia, de las cuales 1.059 fueron autorizadas. En cuanto al resto, 176 aparecen como «requerimientos», lo que quiere decir que están pendientes de resolución a la espera de la documentación exigida, o de la resolución de innecesariedad de trámite ambiental en caso de las solicitudes que se encuentran en zona Red Natura 2000. Otros 19, además, fueron directamente denegados.
Si las cifras se comparan con años anteriores las diferencias son escasas. En el año 2021 hubo 1.307 peticiones para captación de aguas subterráneas, de las cuales se concedieron 1.220, por 38 a la espera de requerimiento y 49 denegadas. En el 2020 se registraron 1.039 peticiones, se aceptaron 992, se denegaron 23 y se requirió más información para 24. Mientras, en el 2019 el número de solicitudes fue de 960 (el más bajo de todos estos años), se concedieron 913 de ellas, por 16 que fueron denegadas y 31 que precisaban de algún requerimiento.
Puesta en servicio
Con respecto a la puesta en servicio de pozos o sondeos, la Junta informa de que en este 2022 se han formalizado 13; cuando el año pasado fueron 11; el anterior, 7; y en 2019, 18. La mayoría de solicitudes para la puesta en servicio de pozos o sondeos precisan de algún requerimiento, según los datos facilitados por la Junta. En este caso, en 2022 se han recibido 42 peticiones para las que se han solicitado requerimientos en 24; en 2021 fueron 29 requerimientos para 35 solicitudes; en 2020 se requirió más información en el 100% de las peticiones (26); y en 2019 fueron nueve requerimientos por 18 solicitudes.
