Miguel Ángel Pareja (Mestanza, Ciudad Real, 1963) es militar de carrera y recuerda que «llegué a la carrera judicial de casualidad, como todo en la vida». Ejerce como juez desde hace dos décadas. En la actualidad, es titular del Penal número 3 y juez decano de Córdoba. Afirma que «mi ilusión es ser cada día más justo, no solo yo, sino el sistema», y a sus 59 años adelanta que no se jubila. «A mí me tendrán que echar», bromea. Entre sus reivindicaciones se encuentran contar con una Ley de Enjuiciamiento criminal «del siglo XXI, que simplifique la tramitación de las causas», y la potenciación de la mediación y el arbitraje como vías para la resolución de conflictos. También reclama a los partidos políticos «que se pongan de acuerdo ya de una vez» y renueven el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Concede esta entrevista realizando una parada en su estudio del ‘grooming’, que es el acoso o abuso sexual a menores realizado a través de medios digitales. ¿Están creciendo estos delitos en Córdoba?
Estaba estudiando los casos de grooming porque me llama la atención que cada vez estén aumentando más, en España, hasta más de un 30% por año. Me preocupa. Concretamente en Córdoba no he recabado datos, pero sí han aumentado en España es muy probable que también hayan aumentado en Córdoba. Afecta a adolescentes, inclusive más pequeños, desde 7 y 8 años, pero lo normal es entre los 13 y los 17 años, y más bien a chicas que a chicos. Otro día me da por mirar otro tipo de delito.
¿Las nuevas tecnologías son un nuevo foco delictivo relacionado con los menores quizá por su vulnerabilidad?
Sí, la vulnerabilidad de los menores es evidente. Quizá con una adecuada formación, una confianza en los progenitores, en la familia, el colegio, el convencerlos de que cuenten los problemas que tienen quizá prevendría bastante. Y supervisar sus actuaciones en las redes sociales. No significa que los espiemos, significa que intentemos que los menores vean con naturalidad el exponerle a sus progenitores, a las personas que están con ellos o a sus profesores sus vicisitudes en las redes.
¿Existe preocupación por el aumento de los delitos de violencia doméstica y de violencia de género entre los menores?
Sí. Siempre nos preocupa la violencia de género y la violencia doméstica, pero el aumento que se ha producido según la última estadística publicada en la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia nos preocupa, porque por casos de violencia de género han sido juzgados aproximadamente un 2% más de menores y en violencia doméstica, aproximadamente un 13%. Por lo cual, hemos de considerar que en Andalucía se han juzgado un 15% de casos de violencia doméstica y de género entre menores, lo que es preocupante. En mi calidad de juez decano y como persona llamo a la sociedad a que tome medidas en este asunto.
Estamos en el inicio del nuevo curso judicial, ¿cómo comienza?
Con muchísimo trabajo. Te marchas de vacaciones, pero la Justicia sigue funcionando.
¿Se ha reabsorbido ya la sobrecarga de trabajo derivada de la pandemia?
De la pandemia, prácticamente todo lo que se generó está resuelto. El problema lo tiene la jurisdicción Social, la Contencioso-Administrativa y la Mercantil. Son problemas derivados de las moratorias con respecto a los expedientes de regulación de empleo, los concursos y este tipo de cuestiones, para tratar de salvaguardar la economía y lo derechos de los trabajadores. Esas tres jurisdicciones han tenido y seguirán teniendo una sobrecarga de trabajo por razón de esos pleitos que han derivado de la pandemia.
"Es muy probable que las empresas, ante la falta de ventas por la subida de precios, tengan que reducir personal"
¿Están empezando ya a percibir la temida avalancha de concursos de acreedores en el juzgado de lo Mercantil?
Aún no, están entrando concursos en Mercantil, pero esperamos que sí, que pueda venir una avalancha. Además, ha habido un cambio entre la jurisdicción Mercantil y la Civil: los concursos de las personas físicas los llevará el juez de lo Mercantil, mientras que los problemas derivados de indemnizaciones por retrasos de aviones y pérdidas de maletas los llevará la jurisdicción Civil. No sabemos hasta qué punto influirá en una y en otra ese cambio de competencias. Suponemos que las dos tendrán más asuntos que resolver. Si al juzgado Mercantil le sumamos los concursos de las personas físicas y los concursos de las personas jurídicas, es muy probable que precise un refuerzo en el futuro. Y los juzgados de Primera Instancia están desbordados. Les tienen que entrar alrededor de 1.200 asuntos y le entran más de 2.000. Necesitan que se pongan refuerzos mientras se crean juzgados nuevos.
¿Temen que la recesión que se anuncia empeore la situación en cuanto a despidos y concursos?
Es una posibilidad bastante real. En las crisis económicas la parte más débil siempre es la que más sufre las consecuencias. Es muy probable que las empresas, ante la falta de ventas por la subida de precios, tengan que reducir personal, inclusive que algunas terminen en quiebra o suspensión de pagos y tengan que cerrar. El Estado tiene que tener recursos para ayudar a esas familias más vulnerables. El pan le cuesta igual al que cobra 10.000 euros que al que cobra 500.
"El Penal de violencia de género va señalando juicios por abril del año 2025"
Se apunta que son necesarios un nuevo juzgado de lo Mercantil, otros de Familia y de lo Social, cinco de Primera Instancia... ¿Qué otros juzgados hacen falta y por qué cuesta tanto crearlos?
En el último informe, en el 2021, solicité tres juzgados de Primera Instancia, hacían falta cinco; un juzgado de Familia y tres plazas de jueces de adscripción territorial para reforzar los juzgados de Primera Instancia, el de lo Mercantil y el de Violencia de género. Lo que pido con mayor premura ahora son los juzgados de Primera Instancia, que al menos creen uno por año o, mientras, me adscriban un refuerzo. El juzgado de lo Social habrá que ponerlo en el futuro y, por encima de todo, necesito un refuerzo en el juzgado de lo Penal número 6, porque es imposible. Según las últimas estadísticas, le entraron casi 600 asuntos para juzgar y alrededor de 900 asuntos con sentencia, para ejecutarla. Resolviendo el 85% de los pleitos en un mes o mes y medio, aún restan anualmente alrededor de 250 que son los que retrasan el señalamiento, porque son los más complicados. Son los que va señalando por abril del 2025. Necesita un juez, un gestor, un tramitador y personal de auxilio.
Hace meses se anunció que el refuerzo del Penal de Violencia de género llegaría tras la inspección del TSJA, ¿qué ha ocurrido?
El presidente del TSJA (Lorenzo del Río) vino en julio, hizo su informe. Primero da cuenta a la sala de gobierno, de la que formo parte, y luego se remite al servicio de Inspección. A nosotros nos gustaría que todo esto fuese rápido, el problema está en que intervienen tres administraciones.
¿Podría estar listo para el 2023?
No creo que haya presupuesto suficiente ahora como para hacerlo de inmediato, pero imagino que a lo largo del ejercicio que viene se podrá poner en marcha.
"Si quitamos el refuerzo de Claúsulas suelo, el juzgado se colapsará"
Después del Penal 6, otro juzgado que destaca por la tardanza en el señalamiento de juicios es el de Cláusulas suelo, que está fijando vistas para el primer trimestre del 2025. Pese a esto, el CGPJ anunció la retirada del refuerzo. ¿Cómo está la situación?
La sala de gobierno del TSJA pidió que se mantuviese la competencia exclusiva en materia de cláusulas suelo y el CGPJ entendió que no, que tenía que ser como un juzgado de Primera Instancia normal y que las cláusulas suelo se repartiesen entre todos y los pleitos civiles, también. Transitoriamente, se acordó que no se le repartieran asuntos civiles hasta este mes de noviembre y que los de cláusulas suelo se repartieran entre todos. Aún así, tenía una bolsa de asuntos de más de 5.000, por eso va señalando tan tarde. Pero al haberse liberado este reparto, se ha agilizado. Ellos siguen reduciendo el señalamiento. Si quitamos el refuerzo, el juzgado se colapsa.
El nuevo consejero de Justicia, José Antonio Nieto,apuntó recientemente que el impuslo de la oficina judicial está pendiente de la tramitación de las nuevas leyes de eficiencia administrativa y procedimental. ¿Confía en que se le dé un empujón definitivo pronto?
Llevo trabajando en la nueva oficina judicial desde el 2002. Las leyes tienen que ver la luz, pero tiene que estar trabajándose en ella para que cuando se desarrollen ya tengamos propuesta de adaptación. Me parece una buena idea que la Junta esté preocupada por adaptar la nueva oficina judical a la eficiencia, pero esto no es nuevo. Lo que quiero es que modernicemos cuanto antes.
¿Se puede pensar que la oficina judicial no se ha puesto en marcha después de dos décadas por falta de voluntad política?
Aunque parece sencillo, llevo trabajando en la Administración desde que tenía 18 años y es difícil introducir cambios. Si fuese por falta de voluntad política, yo dimitiría como juez decano, porque diría: vaya país en el que vivo. No solo depende de la Administración, de los ejecutivos autonómico y nacional, depende también del Poder Judicial y de los trabajadores. Si miramos los cambios con una mente abierta, creo que lo haríamos rápido. El problema está quizá en razones presupuestarias y de organización.
En los últimos años está en el debate público la renovación del CGPJ. ¿Qué opinión le merece todo lo que está pasando como magistrado?
Como magistrado, lo único que puedo decir es que me hubiese gustado que las instituciones hubiesen funcionado y que el gobierno del Poder Judicial se hubiese renovado en su tiempo como corresponde, de la misma forma que el Congreso de los Diputados se renueva cada vez que cumple su mandato. El problema radica en el sistema, se tienen que poner de acuerdo los partidos políticos para conseguir las mayorías. Lo que yo les pido es que se pongan de acuerdo ya de una vez y que lo hagan. Hay un inconveniente. Se va a elegir ahora un CGPJ que se debió elegir hace cuatro años, con candidatos que se presentaron hace cuatro años. En justicia, se debería abrir de nuevo el proceso para dar la oportunidad a las nuevas promociones, a aquellos que hace cuatro años no se consideraban preparados y ahora sí, y a aquellos que no quieren, de retirar su candidatura.
En estos días se habla del indulto para José Antonio Griñán y de la reforma del delito de sedición. ¿Le preocupa que se relacionen asuntos de la Justicia con intereses políticos o de partido?
La Justicia no está politizada, en absoluto. Pongo las manos en el fuego, los jueces resuelven en conciencia. El que no quiere, no sufre ninguna presión, porque la única que le puede venir es de los medios de comunicación, pero los medios hacen su labor y a mí no influyen en absoluto. La sensación está en que la Justicia está politizada por el órgano de gobierno, porque todos los días tenemos en boca que los partidos no se ponen de acuerdo para renovar el CGPJ.
En este caso lo que se transmite es que se podría reformar un delito para ganar apoyos o que se podría conceder un indulto a un ex presidente autonómico condenado por malversación.
La política criminal no nos corresponde a los jueces. Corresponde al Ejecutivo, al Estado. El artículo 4 del Código Penal es clarísimo: cuando un juez considere que algún hecho debe estar castigado como delito y no lo está, se abstendrá de actuar y lo pondrá en conocimiento del Gobierno. Y cuando un juez considera que un delito debe ser castigado con mayor pena, lo castigará con la pena que marca la ley y lo pondrá en conocimiento del Gobierno. El Estado legisla y nosotros cumplimos las leyes. Sobre los indultos, la Justicia juzga y condena, y ejecuta la pena, pero hay un derecho de gracia que le corresponde al Rey y al Ejecutivo, y no podemos interferir. Lo que hacemos es informar favorable o desfavorablemente a la concesión.
Sobre el caso Simo: "Quien hable de juicios ejemplares, flaco favor le hace a la Justicia"
¿Le preocupa que se dé la imagen de que si uno pertenece a un partido puede tener más posibilidades de tener el indulto?
Si se transmitiese esa sensación, sería perjudicial. Rara es la semana que no tramito un expediente de indulto, pero no salen en la televisión. No es algo excepcional.
¿Cuándo se suele informar favorablemente?
Puede ser, por ejemplo, una persona que es la primera vez que delinque, que no concurren circunstancias modificativas agravantes, sino atenuantes, que ha colaborado con la Justicia, que ha sido fundamental esa colaboración para averiguar el delito y que aún así se le condena a dos años y medio de prisión. El juez podría informar favorablemente a un indulto parcial, porque concurren muchas circunstancias en las que se le puede dar una oportunidad.
Hace un mes conocimos que un jugador de fútbol fue detenido en Córdoba por un presunto maltrato a su pareja. Se llegó a apuntar que está siendo una especie de cabeza de turco para que su caso sirva de ejemplo. ¿Qué opina?
No lo conozco exactamente... pero eso no es así. La Justicia no actúa para dar ejemplo, la Justicia actúa para intentar resolver los problemas, intentar averiguar los delitos que se cometen y castigar a los culpables. Hay delitos que son privados y que dependen de la denuncia del particular, si la persona no lo denuncia no se persiguen, pero hay otros delitos que son públicos, y los delitos públicos hay que averiguarlos y llegar al final. Quien hable de sentencias ejemplares y juicios ejemplares, flaco favor le hace a la Justicia.
