Un total de 592 ucranianos han tramitado la protección temporal a refugiados en la provincia de Córdoba, cifra que asciende a 124.000 en el conjunto del país. Desde marzo, los ciudadanos interesados en tramitar la protección temporal deben acudir a los puntos habilitados al respecto, donde son atendidos por funcionarios de la Policía Nacional. En el mismo momento, los solicitantes cuentan con un resguardo acreditativo de su solicitud, en el que consta además un NIE asignado.
En un plazo máximo de 24 horas, la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior resuelve el permiso de residencia y, para los mayores de edad, de trabajo, que notifica de forma electrónica siempre que sea posible, de forma postal o por comparecencia personal ante comisarías u oficinas de extranjeros. Además, quienes obtienen la protección temporal pueden utilizar legamente sus permisos de conducir en España al menos durante un año. La Policía Nacional ha puesto a disposición de las personas desplazadas de Ucrania un enlace específico para conocer el estado de sus solicitudes de protección temporal.
La colaboración entre el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y organismos internacionales, ONGs y entidades de la sociedad civil es clave para dar a estas personas una acogida digna, así como para facilitar la convivencia y su inclusión social. Desde la Secretaría de Estado de Migraciones se seguirá trabajando, aseguran, para adaptar el sistema de acogida de España a una nueva realidad, marcada desde hace algunos años por un significativo incremento en el número de solicitudes de protección internacional, que en España superó las 55.000 en 2018.
Cruz Roja atiende a 300 refugiados
Sólo en Córdoba, Cruz Roja ha atendido este año a cerca de 300 refugiados o solicitantes de asilo. Por la primera fase del Sistema Estatal de Acogida, la temporal, han pasado desde enero 207 personas, repartidas entre la capital (84) y Puente Genil (123); mientras que en la segunda fase, de integración, en la que los demandantes viven en pisos y reciben ayudas económicas, han estado 86 personas, de las que 73 en la capital y 13 en Puente Genil.
El perfil de estas personas es muy diverso, aunque son mayoría los hombres de países como Mali, Afganistán, Marruecos, Siria o El Salvador. Entre ellos hay, además, 87 menores. La intervención de la entidad consta de varias fases, que cubren desde la primera atención hasta la fase de preparación para la autonomía, con una duración de 18 a 24 meses. Durante ese tiempo, se presta atención individualizada en torno a aspectos como asistencia legal y psicológica o el idioma. Y todo ello, asegura Cruz Roja, aplicando la perspectiva de género por ser las mujeres especialmente susceptibles de sufrir violencia o ser víctimas de la trata de personas.
