Sonia Prieto y Sergio Nieto tienen una orden de desahuciopendiente. Según explica Sonia, hace seis años firmaron un alquiler social de un piso de la calle Motril que ellos mismos han ido arreglando con Building Center renovable cada tres años. Empezaron pagando 102 euros y ahora pagan 174,47, una renta que han abonado mensualmente y que mantienen al día. Padres de dos hijos, uno de 18 y otro de 13 años,
Relacionadas
Sergio, que trabaja en el montaje de escenarios, está en el paro desde que empezó la pandemia, ya que, según explica, la actividad de conciertos ha caído mucho y no ha vuelto a trabajar. Ella es limpiadora y estuvo trabajando en una empresa durante nueve o diez meses, pero hace poco se volvió a quedar parada.
«El contrato de alquiler cumplía el 29 de octubre», expone Sonia, «en esa fecha les envié la documentación que me solicitaron sobre mi situación, y como estaba trabajando me dijeron que no me renovaban porque ya no se consideraba que estaba en situación de vulnerabilidad, pero al poco me dejaron parada y cuando envié de nuevo la documentación me dijeron que me tenía que ir». En este momento, los ingresos familiares son los 450 euros de ayuda que recibe Sergio. «La trabajadora social hizo el informe de exclusión social, pero no lo aceptan y tenemos juicio el 2 de junio».
Asegura Sonia que sin ingresos fijos es imposible acceder a una vivienda de alquiler a precio de mercado y mucho menos a una hipoteca, por lo que la única opción es un alquiler social como el que tienen suscrito y que quieren conservar. «Estoy en búsqueda activa de empleo, con ayuda de la Fundación Don Bosco, igual que mi marido y mi hijo mayor, pero no sale nada».