El Ayuntamiento de Córdoba tramitó en el 2021 368 informes de vulnerabilidad para la adjudicación de viviendas de segunda ocupación, pero solo pudo resolver un 8,6% de los casos al adjudicar 32 viviendas de AVRA, 16 en Moreras, 8 en Palmeras y 8 en Sur, debido principalmente a la falta de viviendas de alquiler social disponibles.
El procedimiento que sigue Servicios Sociales depende de la inminencia del desahucio o emergencia habitacional. Cuando el Ayuntamiento detecta con cierta antelación el caso, según fuentes municipales, realiza una valoración y orienta a las familias sin recursos para que soliciten el Ingreso Mínimo Vital, la renta mínima de la Junta o ayudas municipales de emergencia social y alquiler, que en algunos casos permiten pagar la deuda con el propietario o cubrir próximas mensualidades. Si se dan las circunstancias de vulnerabilidad que pueda evitar el desahucio, se emite un informe para el juzgado y se les inscribe en el registro de Vimcorsa (si no lo están), al tiempo que se emite el informe para la aplicación del baremo de vivienda de segunda ocupación de AVRA (Junta de Andalucía) que contempla la existencia de cargas familiares, y otros condicionantes.
La comisión de vivienda de segunda ocupación, compuesta por Servicios Sociales, Vimcorsa y AVRA, es la que decide sobre la adjudicación de las viviendas, aunque está limitada por la existencia de inmuebles disponibles y por la capacidad del solicitante para pagar un alquiler social «que siendo bajo, tiene que poder pagarlo». En caso de desahucio inminente, las únicas alternativas son la derivación a la Casa de Acogida Municipal, donde no hay plazas libres, la derivación a programas de oenegés como APIC, en pisos compartidos, o el alojamiento temporal en un hostal.
