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Diario Córdoba

EMERGENCIA HABITACIONAL

Córdoba registra un desahucio de media diario, la mayoría alquileres

La moratoria del Gobierno, prorrogada hasta octubre del 2022, deja fuera a muchas familias vulnerables | Repuntan las ejecuciones hipotecarias en la provincia, que se sitúan en niveles prepandemia

Recogida de firmas de la plataforma Stop Desahucios Córdoba.

Dos moratorias antidesahucios, la primera creada por el Gobierno de Rajoy y prorrogada por el de Sánchez hasta mayo del 2024, y la segunda aprobada en plena crisis sanitaria y ampliada de nuevo hasta octubre del 2022, no han sido suficientes para paralizar los desalojos, que en plena pandemia se redujeron solo a la mitad, dejando en muchos casos a familias vulnerables en la calle, a falta de viviendas sociales que sirvan de alternativa. 

Los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dejan clara la evolución de los últimos años (ver gráfico) y cómo tras el descenso de los desahucios acordados en Córdoba (590) y ejecutados (346) del 2020, debido a la situación sanitaria, en el 2021 la situación se empieza a revertir y repuntan de nuevo los desalojos acordados un 20% (707) y los practicados otro 17% (405), situándose casi al mismo nivel que antes de la pandemia. 

Según los datos de desalojos recogidos en la estadística sobre Efectos de la Crisis en los Órganos Judiciales, correspondientes al 2021, en Córdoba se ejecuta cada día una media de 1,1 desahucios, una cifra que probablemente se esté viendo incrementada en el 2022, ya que las ejecuciones hipotecarias llevan meses creciendo, tal y como preveían los agentes sociales vinculados a la emergencia habitacional. Así, si en el 2019 y 2020 se registraron 343 ejecuciones, el año pasado la cifra creció un 53,3% al elevarse hasta 526, por encima de los 503 del 2018. Pese al aumento progresivo de las ejecuciones hipotecarias en Córdoba, la mayoría de los desahucios que se practicaron el año pasado, según el CGPJ, correspondieron a inmuebles de alquiler.

Desahucios en Córdoba. RAMÓN AZAÑÓN

Pulse aquí para ver el gráfico en máxima resolución.

Rafael Cidres, presidente de la Asociación de Familias Necesitadas (Anfane), que trabaja en colaboración con el Ayuntamiento y la Diputación de Córdoba en la búsqueda de medidas para evitar desahucios de familias vulnerables, esto se debe a que muchas entidades bancarias que tenían acordados alquileres sociales han esperado durante la pandemia a que vencieran los contratos y, acabado el plazo, informan a los inquilinos de que no tienen intención de renovar y se procede al desalojo, independientemente de la situación de vulnerabilidad de las familias. 

La moratoria aprobada por el Gobierno durante la pandemia, aplicable principalmente a arrendatarios, prevé una serie de supuestos de vulnerabilidad que deja fuera a muchas familias con informes de los Servicios Sociales, como han denunciado Anfane o la Plataforma Anti Desahucios (PAH), entre ellos mayores que viven solos o en pareja pero sin hijos a cargo, ya que solo se aplica cuando existen cargas familiares y siempre que se cumplan unos mínimos de renta justo el mes anterior a la solicitud de la moratoria. 

Mientras las ejecuciones hipotecarias aumentaron en el 2021 un 53,3%, el número de desalojos de viviendas en estas circunstancias creció un 38,2% respecto al 2020, si bien continúa a cierta distancia de las cifras prepandemia, algo que según Cidres podría cambiar próximamente. En los casos de ejecuciones hipotecarias, la ley prevé la aplicación del Código de Buenas Prácticas previsto en la moratoria prorrogada hasta mayo del 2024. Solo en Córdoba, se estima, según Anfane, que hay 4.000 desahucios paralizados afectados por esta moratoria, establecida en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, prorrogada ya durante más de una década sin que hasta la fecha se haya previsto un parque de vivienda social suficiente para dar respuesta a la situación que provocará el final de esa moratoria.

Mientras tanto, los bancos parecen haber movido ficha ya en la misma línea que hace unos años. «Varias entidades financieras han vendido a fondos de inversión paquetes de deuda ligados a viviendas de familias en situación de vulnerabilidad, de forma que cuando hay que negociar el Código de Buenas Prácticas, que obliga a negociar un alquiler social entre otras medidas, el banco te redirige a ese fondo de inversión, que a su vez te informa de que no está acogido a ese código», explican desde Anfane, que ya ha denunciado esta práctica ante el Banco de España. «La respuesta del Banco de España es que los fondos de inversión compran la deuda en las mismas condiciones pactadas con los bancos, algo que no ocurría en la etapa anterior a la moratoria, por lo que hemos interpuesto las primeras demandas en este sentido para que se sigan aplicando estas cláusulas». Según Anfane, en un contexto de inflación al alza y subida de los alquileres, es necesario adoptar medidas urgentes para paliar la falta de viviendas asequibles para las familias de baja renta. De hecho, la entidad ha puesto en marcha su propio proyecto para adaptar un inmueble para este fin.

Centro de emergencia habitacional

Uno de los recursos puestos en marcha en Córdoba para paliar esta situación es el centro de emergencia habitacional (antiguo hospital militar), iniciado en el mandato anterior, y que se encuentra a medias. El plazo de 5 meses de ejecución para la obra que deberá acabar el edificio empezó a contar hace dos semanas y la previsión del Ayuntamiento es que esté listo a finales de verano. 

El covid no frena las ocupaciones ilegales, que se duplican en 2 años

Si hay algo que la pandemia no ha podido parar en materia de emergencia habitacional, eso son las ocupaciones ilegales, una práctica que afecta a viviendas de todo tipo, tanto propiedad de bancos como de particulares, y que en Córdoba va en aumento, según los datos del Consejo General del Poder Judicial.

Las estadísticas empezaron a reflejar estos casos en el año 2018, cuando en los juzgados de la provincia ingresaron 14 asuntos de este tipo. El año siguiente, la cifra aumentó hasta los 22 y en el 2020, pese a la pandemia y el confinamiento, que paralizó en gran medida la actividad judicial, volvió a crecer hasta los 32. En el 2021, con 39 denuncias por ocupación ilegal, la cifra supone ya casi el doble que en el 2019, lo que puede ser reflejo, al menos en parte, del empeoramiento progresivo de la situación de falta de vivienda social. Mientras las ocupaciones aumentan, caen los asuntos por cláusulas suelo y de 4.678 ingresados en 2018 han descendido a 1.561 en 2021. 5.555 siguen en trámite. 

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