La huelga realizada ayer miércoles por los letrados de la Administración de Justicia obligó a suspender alrededor de 85 juicios en Córdoba, de acuerdo con las estimaciones realizadas por la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia, una de las entidades integradas en la plataforma impulsada por el colectivo para reivindicar mejoras laborales.
De este modo, el paro fue secundado por el 75% de los secretarios judiciales destinados en Córdoba, por lo que el impacto en la actividad fue significativo. Antonio García, miembro de la UPSJ, ha informado de que en total se aplazaron en torno a 160 actuaciones judiciales, precisando que todavía no cuentan con los datos completos.
En la capital se suspendieron 60 juicios y unas 40 actuaciones procesales como declaraciones, comparecencias y actos de conciliación, en las que es necesaria la presencia del letrado de la Administración de Justicia. Además, en la provincia se suspendieron en torno a 25 juicios y otras 35 actuaciones procesales. El propio Antonio García manifestó el miércoles, a modo de ejemplo, que en el juzgado de Instrucción número 7, en el que se encuentra destinado, se aplazaron siete juicios.
En la Ciudad de la Justicia de Córdoba, algunas salas de vistas informaron al público con carteles en sus puertas sobre la suspensión de los juicios por la huelga de los letrados. Fuentes consultadas por este periódico han indicado que ahora será necesario volver a señalar nuevas fechas para la celebración de estas actuaciones y que esta labor dependerá de cada órgano judicial.
Por el momento, no ha sido posible conocer la respuesta del Ministerio de Justicia a esta huelga que, de acuerdo con lo manifestado por Antonio García, también tuvo un seguimiento importante en los partidos judiciales de la costa de Andalucía y otros lugares como Madrid y Barcelona. En este sentido, el letrado adelantó, durante la concentración realizada ayer, que, "lamentablemente, parece que la única forma de que el Ministerio atienda nuestras reivindicaciones es planteando el conflicto colectivo. Y esto, si no se atienden, va a seguir siendo así".
Los secretarios judiciales están reclamando la equiparación salarial con el grupo A1 de la Administración General del Estado, en el que se encuentran otros profesionales como los jueces, fiscales y forenses, para compensar las nuevas funciones que han ido asumiendo a raíz de diferentes cambios normativos. También tienen otras reivindicaciones como contar con una negociación colectiva propia.
