Mujer de nacionalidad española, soltera, con hijos, en situación de desempleo y con una edad comprendida entre los 26 y 52 años es el "retrato robot" de la persona que pide ayuda en la asesoría jurídica de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), según el estudio que la propia organización ha realizado con motivo del Día de los Derechos Humanos. Con este documento pretenden, en primer lugar, mostrar la cara de la exclusión en Córdoba y hacer recuento de los 20 años de trayectoria de este servicio. La mayoría acuden a él por cuestiones relacionadas con el derecho a la vivienda, prestaciones sociales o pensiones.
El documento pretende poner de relieve las situaciones de atentado a los derechos fundamentales que sufren las personas más vulnerables de la ciudad de Córdoba. La APDHA, con el apoyo del Ayuntamiento de Córdoba, lleva prestando desde hace dos décadas un servicio de asesoría jurídico-social dirigido a las barriadas necesitadas de transformación social, a las personas presas y sus familiares y a los cordobeses en situación de sinhogarismo. El objetivo de la asesoría es facilitar herramientas jurídicas a la ciudadanía en riesgo de exclusión para un adecuado ejercicio de sus derechos, pero también ha permitido a la organización tener un conocimiento directo de las realidades de pobreza y vulneración de derechos que se dan en la capital.
Los resultados
El estudio recoge todas las consultas desde el año 2014. Desde ese año, la asesoría jurídica a ha atendido a 590 personas y gestionado 660 expedientes en la sede de la delegación de la APDHA, sita en el barrio de Moreras. Aparte, se han realizado unas 582 asistencias en el centro penitenciario. La investigación revela que el 59% de las personas que solicitan ayuda son mujeres, "lo que confirma la recurrente feminización de la pobreza, por una parte, pero también que son ellas el motor de transformación de los barrios con problemas de exclusión y las que lideran la lucha por sacar de la pobreza a sus familias, por otra", ha subrayado el delegado de Córdoba de APDHA, Carlos Arce, en la presentación del documento. Gran parte de las personas a las que atienden pertenecen a los barrios de Moreras, Guadalquivir, Las Palmeras y Sector sur.
Por otro lado, estos datos vienen a desmontar estereotipos establecidos en las clases más altas, como que las personas extranjeras con las que más solicitan ayuda o que las clases más bajas tienden, en ocasiones, a vivir de ayudas sociales. El 86% de los usuarios son españoles y solo el 23%, recibe una prestación pública, mientras que otro 22% afirma tener ayudas económicas de carácter informal (ONG, Iglesia, familiar…).
Los datos confirman la feminización de la pobreza pero también que las mujeres son el motor de transformación de los barrios con problemas de exclusión
En cuanto a la edad, “es coherente el hecho de que sea la franja de 26 a 52 años la mayoritaria (52%), ya que es el periodo vital de mayor actividad laboral y cuando se tienen hijos menores a cargo, y por lo tanto, es habitual que sean las personas de estas edades las que se ocupen de buscar los recursos para atender las necesidades familiares”, afirma Arce. Además, el 64% son solteras, divorciadas, separadas o viudas. Estas cifras dan cuentan de la alta prevalencia de familias monoparentales, en su inmensa mayoría encabezadas por una mujer, tipo de unidad familiar que suele copar los primeros puestos de las estadísticas oficiales de pobreza y exclusión, ya que, además, el 63% se encuentran en situación de desempleo. Según el delegado provincial "casi todas quieren hacerlo pero no pueden", y las que lo hacen están en sectores con una altísima precariedad laboral como son el cuidado del hogar, la hostelería, la venta ambulante y la agricultura.
Uno de los problemas más repetidos entre los expedientes es el acceso a una vivienda digna. El 37% de los usuarios menciona tener un problema relacionado con esta cuestión y el 23% acude directamente por esta causa. Y en relación con el entorno familiar, el 29% de los hogares atendidos tenían algún miembro con alguna minusvalía o enfermedad crónica.
La sociedad se suma a la reivindicación
En el Día Mundial de los Derechos Humanos, la Asamblea Andaluza Memorialista se ha sumado a la reivindicación y ha lanzado un manifiesto sobre memoria y derechos humanos, "por una Ley estatal de Memoria que responda a los derechos de las víctimas del franquismo".
"La Asamblea Andaluza Memorialista , con todas las Asociaciones y Foros que la integran, exige a la Junta de Andalucía y al Gobierno Central que pongan en marcha las políticas públicas de Memoria necesarias para dar respuesta de forma inmediata y completa a los derechos de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, incumplidos hasta ahora. La Ley estatal de Memoria que actualmente se encuentra en trámite parlamentario constituye la última oportunidad histórica para que miles de víctimas del franquismo, sus familiares y el conjunto de la ciudadanía española vean plenamente reconocidos estos derechos", dice la asociación en su escrito.
