Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

La delegada de Salud preside la primera Comisión Provincial de Violencia de Género

Con un enfoque multidisciplinar, los integrantes aplicarán actuaciones institucionales coordinadas y transversales

Integrantes de la Comisión provincial de Violencia de Género en Córdoba.

Integrantes de la Comisión provincial de Violencia de Género en Córdoba. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba ha acogido este martes la primera reunión de la Comisión provincial de Violencia de Género para cumplir con la legislación vigente en materia de violencia de género en Andalucía, bajo la coordinación de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica.

La comisión está integrada por la delegada territorial de Salud y Familias, María Jesús Botella, la jefa de Servicio y la jefa de Sección de Programas de la misma delegación; por un representante de cada distrito sanitario de la provincia, un representante del teléfono de emergencia 061 y un representante del Hospital Universitario Reina Sofía.

Durante el encuentro María Jesús Botella, ha explicado que, entre las funciones de las comisiones provinciales de salud, están garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, difundir los recursos existentes de la provincia a los profesionales para su conocimiento, velar por la mejora de la calidad de los contenidos de los partes de lesiones emitidos o detectar los puntos débiles del abordaje integral de la violencia de género en su ámbito para establecer elementos de mejora.

Esta comisión que hoy inicia sus pasos en Córdoba pretende también impulsar cuantas propuestas de desarrollo y mejora se propongan en lo que a la violencia de género se refiere, consensuada desde la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica y la representación institucional en las comisiones intersectoriales o interinstitucionales a nivel provincial.

El Estatuto de Autonomía "asume un fuerte compromiso" en la erradicación de la violencia de género y en la protección integral a las mujeres, ha subrayado Botella, al establecer, en su artículo 16, que las mujeres tienen derecho a una protección integral contra la violencia de género, que incluirá medidas preventivas, asistenciales y ayudas públicas.

Por ello, además, la Ley 7/2018, de 30 de julio responde al desarrollo específico de las estrategias contra la violencia de género y constituye el reconocimiento de los derechos de las mujeres en orden a su protección y atención. En ellas se señala que serán objeto de ésta, la adopción de las medidas para la erradicación de la violencia de género que resulten necesarias

Entre sus principios rectores, figuran desarrollar y aplicar políticas y acciones con un enfoque multidisciplinar a través de acciones institucionales coordinadas y transversales, de forma que cada poder público implicado defina acciones específicas desde su ámbito de intervención de acuerdo con modelos de intervención globales y promover la cooperación y la participación de las entidades, instituciones, asociaciones y agentes sociales.

'Corazones sin miedo'

La delegada ha recordado que la Consejería de Salud y Familia, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, ha puesto en marcha la campaña Corazones Sin Miedo, dirigida a todos los profesionales que trabajan en el ámbito sanitario andaluz. Pretende ofrecerles información y recursos de formación y apoyo en violencia de género que les permitan detectar situaciones de mujeres que sufren una situación de maltrato, especialmente en aquellos casos en que aún no ha sido revelada.

Desde la Organización Mundial de la Salud se ha puesto de manifiesto que las medidas impuestas para luchar contra la pandemia covid-19 pueden estar empeorando las circunstancias de las mujeres víctimas de violencia de género. El confinamiento en los hogares y las medidas de aislamiento social están produciendo que las mujeres maltratadas por sus parejas tengan menos contacto con familiares y amigos y, por consiguiente, menos protección y apoyo. Además, la interrupción de la actividad laboral y posible merma económica de la familia puede estar aumentando el estrés y los conflictos, incrementándose a su vez el posible riesgo de violencia sobre la mujer y sus hijos e hijas.

En lo que respecta a los sistemas sanitarios, se considera fundamental que estos se constituyan en canales de información y asesoramiento para las mujeres, para ofrecerles ayuda y recursos existentes durante el estado de alerta. En la misma línea, se solicita a los profesionales sanitarios que mantengan al máximo la actitud de alerta activa para detectar los casos de violencia de género previsiblemente en aumento.