El juzgado de Primera Instancia número 7 de Córdoba ha declarado nulo un préstamo firmado en 2007 entre el Ayuntamiento de Córdoba y Caja de Ahorros Castilla la Macha (luego Liberbank y más tarde Unicaja) por un importe inicial de tres millones de euros y por el que el Consistorio lleva pagados, a noviembre de este año, 9,6 millones.

La sentencia la ha dado a conocer el delegado de Hacienda del Ayuntamiento, Salvador Fuentes, que ha apuntado que en la sentencia (que podrá ser recurrida por Unicaja) se pone de relieve el negocio "ruinoso" que este producto financiero ha tenido para las arcas municipales.

Por lo tanto, el juzgado determina que ambas partes (Ayuntamiento y Unicaja) deberán reintegrarse el dinero que hayan percibido "mutuamente" en razón del mismo. Esto supondrá que el banco deberá devolver al Ayuntamiento 6,8 millones de euros cobrados en forma de intereses, mientras que el Consistorio también tiene que devolver lo que el banco le dejó (mediante un cálculo que todavía no se ha determinado).

Según los hechos que quedan fundamentados en la sentencia, el Ayuntamiento firmó un préstamo el 12 de abril de 2007 por tres millones de euros por Caja de Ahorros de Castilla la Mancha a 15 años (cumple el año que viene).

Por lo intereses aplicados, a 10 noviembre de 2021 el Ayuntamiento ya ha pagado más de 9,6 millones de euros, de cuales 6,8 son intereses y 2,8, capital amortizado.

Aunque en la sentencia se determina que "no existe motivo alguno para declarar la nulidad radical del contrato" porque "no se ha acreditado que el negocio jurídico concertado entre las partes haya vulnerado norma imperativa alguna", el juzgado sí reconoce que la fórmula de cálculo para el interés variable era "muy confusa".

Tan confusa que se ha llegado al punto en el que el Ayuntamiento ha pagado de intereses trimestrales un 133,54%. La sentencia manifiesta que si bien la Intervención municipal no puso obstáculos para que el préstamo se firmara, también es cierto que incluso la Tesorería del Ayuntamiento no llegó a comprender la complejidad de lo que se firmaba. En la sentencia se dice, claramente, que se trataba de un producto financiero "muy complejo y de difícil entendimiento incluso para personas con conocimientos en materia de economía".

A raíz de esto, entiende el juzgado que existía "un importante desequilibrio en las prestaciones" del Ayuntamiento y del banco, por lo que existió "un vicio en el consentimiento". Además, considera que el Ayuntamiento desarrolló "una conducta diligente" porque simplemente pidió un préstamo para tener tesorería y que el error fue "inevitable" porque es "imposible" que un funcionario municipal detectara estos productos "especulativos".