El Ayuntamiento de Córdoba dejará de ingresar en torno a 15 millones de euros tras la declaración de inconstitucionalidad y nulidad del impuesto de plusvalías municipal por parte del Tribunal Constitucional. Esta es la cantidad que normalmente ingresa el Consistorio cordobés por el cobro de este impuesto, aunque para el año que viene se preveía que bajara hasta los 12 millones tras la aprobación de una bonificación del 95% de la plusvalía mortis causa (lo que había que pagar por heredar).
El problema para las arcas municipales, por lo tanto, es enorme. Lo ha advertido el alcalde, José María Bellido, y también lo ha hecho el delegado de Hacienda, Salvador Fuentes. El alcalde ha dicho directamente que los servicios públicos están en riesgo y ha recordado que este impuesto por sí mismo supone en torno al 5% o 6% de todos los ingresos municipales.
Bellido ha puesto ejemplos bastante claros de cómo afectará la pérdida de estos ingresos. Esos 15 millones de euros es la cuantía que normalmente se transfiere a Aucorsa para que funcione el sistema público de transportes, es más que el presupuesto de la Gerencia de Urbanismo o dobla al presupuesto del Imdeco.
Si se habla de inversiones, este dinero es más de lo que hace falta para terminar el estadio de fútbol de El Arcángel y serviría para acabar la primera fase de la ronda Norte.
El alcalde ha apuntado además que el cobro de este impuesto genera unos ingresos que derivan en una financiación directamente vinculada con los servicios públicos, es decir, son ingresos ordinarios. Por lo tanto, ha advertido, "si no hay solución en plazo inmediato, serán los servicios públicos los que están en riesgo". No se podría compensar con una bajada de las inversiones, que sería algo negativo, pero que se relaciona con proyectos que podrían acabarse más tarde, porque esas inversiones dependen de préstamos, es decir, de financiación extraordinaria.
Exigencias a Hacienda
Tanto el alcalde como Salvador Fuentes han coincidido en señalar que el Ministerio de Hacienda tiene que ponerse manos a la obra y establecer una serie de soluciones para la situación "dramática" que esto supone para las haciendas locales.
Bellido entiende que el Gobierno deberá compensar a los ayuntamientos con más financiación porque si no la hay, no se podrán prestar los servicios públicos.
Ambos han criticado también el hecho de que no se hubieran tomado antes decisiones sobre un tema de este calibre, teniendo en cuenta que ya existían dos sentencias previas que indicaban lo que iba a pasar.
Fuentes ha explicado que, además, el Ayuntamiento deberá suspender cautelarmente la liquidación de ese impuesto.
