Un juez ha ordenado el desahucio esta mañana de una vivienda de alquiler de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía (AVRA) que S.B. y M. R, con dos menores de 12 y 16 años, tienen adjudicada en régimen de alquiler una vivienda desde el 2014 en el barrio del Guadalquivir. La Policía ha acudido esta mañana a primera hora para ejecutar una orden de desalojo, aplazada posteriormente por un plazo de dos semanas, sin que previamente, según la Asociación de Familias Necesitadas (Anfane), se haya producido ninguna notificación oficial informándoles de la hora y fecha del mismo.
Al parecer, según esta versión, la familia se traslada una parte del año a Ibiza para trabajar en la construcción él y en el sector de la limpieza ella, pero el año pasado, debido a la pandemia, apenas pudieron venir a Córdoba. Durante ese tiempo, AVRA habría detectado que el piso estaba vacío e inició un expediente de desalojo por abandono de la vivienda del que los afectados no tuvieron constancia hasta este año, cuando iniciaron los trámites para presentar la documentación y revertir el procedimiento. Ambos aseguran que siempre han estado empadronados en Córdoba, su hija está escolarizada en el barrio y que están al corriente en las cuotas del alquiler. "El agua y la luz las damos de baja cuando estamos fuera porque si no, te la pinchan", afirman. También ha relatado que AVRA les entregó el piso completamente destrozado y que desde que lo tienen lo han arreglado "para que esté en condiciones".
"Hay personas que no pagan el alquiler y que tienen las viviendas revendidas, nosotros nos vamos a Ibiza para trabajar y poder vivir y es a nosotros a quienes echan, no tiene sentido", se queja Sara, que considera "tiene que haber un error porque nosotros no hemos abandonado nuestra vivienda, que es lo único que tenemos". La familia, respaldada por los vecinos y por Anfane, permanece de momento en el inmueble y se niegan a abandonarlo porque "no tenemos dónde ir" y porque se está "cometiendo una injusticia".
Respuesta de AVRA
Por su parte, fuentes de la Consejería de Fomento y Vivienda han informado que mañana estaba prevista la ejecución de la entrada en una vivienda del barrio del Guadalquivir para recuperar una vivienda en alquiler titularidad de AVRA, por no ser destinada por la familia adjudicataria como domicilio habitual y permanente y mantenerla, por tanto, desocupada, lo que privaba a otra familia de su uso. Con el fin de dar más tiempo a la familia para sacar los muebles y enseres y dejar la vivienda vacía, el desahucio se ha aplazado por un máximo de dos semanas.
La recuperación de dicha vivienda se había programado para hoy, en base a un auto judicial emitido el 7 de septiembre de 2021 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Córdoba, otorgando dos meses de plazo para su ejecución. En el auto, el juez, “autoriza a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía la entrada en dicho domicilio…, al objeto de ejecutar el desahucio administrativo acordado en resolución de 11 de febrero de 2021 por el director provincial de AVRA”.
Según las mismas fuentes, el expediente se inició en enero del 2020 con datos recogidos desde el 2015 "que acreditaban que la vivienda no se utilizaba como domicilio habitual y permanente por la familia adjudicataria, que tenía este inmueble asignado en alquiler desde octubre de 2014". En varias visitas, los verificadores no encontraron a nadie en la vivienda y se comprobó que "la familia se había trasladado a Ibiza por motivos laborales, aunque esta circunstancia no fue comunicada a la Agencia pese al deber que tienen los inquilinos de informar, si se ausentan de su vivienda por periodos prolongados y causas justificadas". Según informe de la empresa municipal de Aguas, no hay consumo desde febrero de 2015. Y se comprueba que el adjudicatario no tiene contrato de suministro eléctrico.
Asimismo, AVRA señala que en su investigación, se ha constatado que "los hijos menores de la familia no han estado matriculados en ningún centro escolar de Andalucía desde el curso 2015-2016 hasta el curso actual", en el que sí están matriculados. La Junta destaca que "la recuperación de esta vivienda es de interés público, ya que permitirá alojar en ella a otra familia, ya designada por el Registro Municipal de Demandantes de Córdoba, que ha cumplido el procedimiento reglado para solicitar vivienda protegida y que cumple los requisitos para ser adjudicataria". Esta familia tendrá que esperar ahora dos semanas hasta que la vivienda quede desocupada y disponible para ser habitada por los nuevos adjudicatarios.
Según las mismas fuentes, "el expediente ha cumplido todos los trámites hasta su resolución, de 11 de febrero de 2021, en la que se otorgaba plazo de un mes a la familia para desalojar voluntariamente y entregar la llave de la vivienda". El 7 de mayo, se intentó comunicar a la familia la firmeza "concediéndole un plazo de siete días para desalojar, pero la vivienda seguía estando desocupada, por lo que no se pudo entregar dicha comunicación".
Anfane ha lamentado que no se tenga en cuenta la presencia de menores y que se castigue a familias que se van para trabajar en lugar de vivir de las ayudas. Insisten en que "la administración tiene obligación de comunicar la fecha, día y hora del desahucio" y no entienden que se hable de instalar a una familia en esta vivienda "cuando en el mismo bloque han desalojado hoy mismo otro piso cuya puerta ha sido tapiada en lugar de darle las llaves a quienes están esperando".
