El Consejo Consultivo de Andalucía ha dado el visto bueno a la resolución del contrato de las obras de las consultas externas del Materno-Infantil del hospital Reina Sofía, lo que deja a la Consejería de Salud de la Junta el camino despejado para una nueva licitación. De hecho, y según aseguró en una entrevista publicada por Diario CÓRDOBA la directora gerente del hospital Reina Sofía, Valle García, el nuevo proyecto, que será más ambicioso que el primero, está redactado. García indicaba que ese proyecto incluye una ampliación en las actuaciones inicialmente previstas y que ya está siendo revisado. Sus previsiones son licitarlo una vez lograda la autorización y empezar las obras en los primeros meses del 2022.

Hay que recordar que Salud firmó el contrato con la adjudicataria de las obras, la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Jícar y Acciona, en octubre del 2019 y un mes después, a finales de noviembre, empezaron los trabajos. La empresa iba a ejecutar las consultas externas por 9,5 millones en un plazo de dos años. Sin embargo, al año siguiente, durante el verano del 2020, los trabajos quedaron parados cuando apenas llevaban un 2% de ejecución, según informó el consejero de Salud, Jesús Aguirre, en una visita a Córdoba.

Durante la primavera pasada Salud inició los trámites para la resolución del contrato. Entonces, el hospital Reina Sofía explicaba que la UTE le había comunicado la decisión de retirarse de la ejecución de las obras de las nuevas consultas externas. Previamente, Salud había planteado a la adjudicataria una propuesta de modificación del proyecto sobrevenida por la pandemia. En aquel momento, la UTE comunicó a Salud que la modificación planteada del proyecto hacía inviable económicamente su ejecución. No obstante, la adjudicataria ya había paralizado las obras en el verano del 2020 por discrepancias por el coste económico de las mismas.

Según se desprende del informe del Consultivo, al que ha tenido acceso este periódico, la Junta se apoya en su petición de resolución del contrato en que el coste de la modificación del proyecto que va a acometerse supera el 20% estipulado por la normativa. Salud basaba su solicitud de modificación del proyecto en "la situación excepcional derivada de la pandemia producida por el covid-19", que "ha generado la reformulación del modo de atención al paciente dentro de los hospitales públicos; en las áreas críticas de forma especial y en el resto de áreas en aspectos de organización de la atención, de flujos o circuitos específicos y de distanciamiento social, de modo que es necesario incrementar el número de consultas del hospital, dado que los mismos niveles de atención que se vienen prestando precisan para su desarrollo un mayor número de locales e incluso la posibilidad de zonificar áreas para agrupar adecuadamente y de forma segregada a los pacientes con distinta sintomatología y especialmente a aquellos con sospecha de infección por el virus u otras infecciones presentes y futuras".

Eso exigirá, según los argumentos de la Junta, "modificaciones en las instalaciones mecánicas necesarias para evitar mezclas de flujos de aire entre áreas con distintos niveles de clasificación de pacientes, incluso separándolos del tratamiento del aire de áreas de personal", con el incremento del "número de renovaciones de aire por hora" y la necesidad de "dotar a los equipos de climatización con sistemas de filtrado adecuado a esta situación de posibles infecciones".

A juicio del Consejo Consultivo, la propuesta cumple la exigencias previstas en la Ley de Contratos del Sector Público, ya que se introducen "las variaciones que se consideran estrictamente indispensables para responder a las nuevas circunstancias", que la administración no podía prever. Por ello, este órgano de la Junta ordena la comprobación, medición y liquidación de las obras y la devolución de la garantía pero no a una indemnización a la adjudicataria.

Con los cambios previstos, el presupuesto se incrementa un 38,4%. Ese aumento permite que el número de consultas sean 78 en vez de 67 y que haya más espacios de espera.

Luz verde a la anulación del contrato de 60 VPO

La Junta ha recibido también el visto bueno del Consejo Consultivo para la resolución del contrato con la empresa que se iba a encargar de redactar el proyecto básico para la ejecución de 60 viviendas de proteccion oficial en Huerta de Santa Isabel Este. Aunque en principio iba a ser la Junta, a través de AVRA, la encargada de ejecutarlas, finalmente ha incluido la parcela en el programa de permutas, por lo que será una empresa privada la que levante el bloque, lo que ha llevado a la Junta a solicitar la resolución del contrato. El Consejo de Gobierno autorizó el programa de permuta el 5 de mayo del 2020 y, en base a ello, el 23 de julio el consejo rector de AVRA acordó enajenar la parcela.

El contratista, por su parte, argumenta que no se cumple la causa de resolución porque el proyecto se va a llevar a cabo aunque sea de mano de una entidad privada. Sin embargo, el Consultivo entiende que AVRA ha decidido no ejecutar la actuación y ha acordado la permuta de suelo, hecho que por sí mismo demuestra que no construirá el bloque. El Consultivo cree que el contratista no sufre perjuicio, ya que de los 188.226 euros del presupuesto de ejecución se han ejecutado 131.938 que le han sido abonados. La promoción de 60 VPO será desarrollada por el Grupo Alzahira y con ella la Junta estrena la fórmula de la permuta en Córdoba. Este método también está siendo usado en Huelva. 

Por otro lado, el Consejo Consultivo ha dictaminado desfavorablemente en relación a la propuesta que hacía el Ayuntamiento de Córdoba de revisar un acuerdo adoptado por la junta de gobierno local el 1 de julio del 2019, mediante el que el Consistorio cedía a Encinarejo un conjunto de terrenos (pista de petanca, zonas verdes y viarios) a la entidad local autónoma. Al no declarar la nulidad del acuerdo adoptado, la entrega debe hacerse efectiva.