El 11% de las asistencias de los abogados de oficio son para resolver temas de Extranjería

La provincia de Córdoba tenía censados en el 2020 a 22.512 extranjeros, según datos del Instituto Nacional de Estadística, una población fluctuante que hace diez años ascendía a algo más de 25.000 personas y que ha sufrido a lo largo de los años numerosos altibajos en función de las sucesivas crisis económicas. En una provincia con más de 800.000 habitantes, la población extranjera representa menos del 3% del total, aunque exista un volumen de personas en situación irregular que va y viene y que probablemente no aparezcan en los censos de población. Este lunes se celebra el Día de la Justicia Gratuita, un servicio al que están adscritos 278 letrados del Colegio de Abogados de Córdoba y al que tienen derecho todos los extranjeros cuando son detenidos en comisaría o trasladados a los juzgados. El turno de Extranjería atiende todos los asuntos administrativos relacionados con problemas de documentación y situación irregular en España, mientras que la comisión de delitos por parte de un extranjero se realiza a través del turno de Penal salvo que se trate de un menor, en cuyo caso se deriva al turno especializado de Menores.

Según las estadísticas del Colegio, en el 2020 el número de asistencias de justicia gratuita en Córdoba se redujo casi un 16% respecto al año anterior debido al parón de actividad que se produjo durante los meses de confinamiento. Sin embargo, la proporción de asistencias relacionadas con temas de Extranjería se mantuvo en torno al 11% del total, unas 700 asistencias (un 10% menos que el año anterior) de más de 6.000.

La responsable de la comisión de Extranjería de la nueva junta directiva del Colegio de Abogados de Córdoba es Lorena García, una letrada que lleva ejerciendo la profesión desde hace 20 años y que está vinculada a esta materia junto a un amplio equipo de profesionales, aunque no es su especialidad en el ámbito privado, aclara. Según su percepción, la actividad que se realiza en el turno de Extranjería de Córdoba, al ser una ciudad con un volumen de extranjeros pequeño, es relativamente moderada en comparación con otros como el de Violencia de Género, donde la actividad es «frenética». Esta situación ha cambiado a lo largo de los años. «Hubo una época en la que se realizaban muchos casos de devoluciones de mujeres de locales de alterne a sus lugares de origen porque tenían abiertos expedientes previos de expulsión», explica la letrada, «pero eso ha bajado y ahora la mayoría de asistencias tienen que ver con solicitudes de asilo y problemas de documentación».

La primera asistencia a los extranjeros en situación irregular se realiza habitualmente en los lugares de costa, por lo que al llegar a otras provincias ya han recibido la primera atención jurídica. Sin embargo, ha habido años antes de la pandemia en los que la llegada de inmigrantes subsaharianos a la provincia, sin esa primera asistencia, obligó también a buscar abogados voluntarios en Córdoba para atenderlos correctamente.

Los asuntos de Extranjería relacionados con los llamados menas (menores extranjeros no acompañados) son muy puntuales, ya que a Córdoba suelen llegar ya como niños tutelados por la Junta de Andalucía. La responsable de la comisión tiene claro que estos menores «no son un problema social» como ha sugerido en una reciente sentencia la Audiencia de Madrid. «Creo que la sentencia no debería haber hablado de problema o conflicto social, porque lo que valora es si un cartel puede ser constitutivo de un delito o no y con decir que no considera que lo es, era suficiente», indica. «En mi opinión la realidad de los menores no acompañados requiere una solución política que no debería proyectarse sobre ellos, como abogados nuestra preocupación es proteger sus derechos», añade.

Niños nacidos en tránsito

La comisión de Extranjería del Colegio de Abogados de Córdoba está trabajando con la Fundación EMET Arco Iris, que dirige en Montilla un centro de atención integral a madres y embarazadas llegadas a las costas andaluzas (proyecto Odos) para buscar una solución a los menores que nacen en tránsito. Según la responsable de la comisión de Extranjería, «existe un vacío legal que permite que haya menores invisibles en nuestro país». Al parecer, «cuando una mujer da a luz en el camino desde su país hacia España se considera que el niño nace en tierra de nadie y una vez aquí, no se le puede inscribir en el Registro Civil porque no podemos solicitar el certificado de nacimiento del menor». Las mujeres con hijos en esta situación no pueden escolarizar a los menores ni contar con tarjeta sanitaria para estos niños, «ya que legalmente no existen». Según Lorena García, «es urgente dar una solución a esta situación y por eso nos vamos a reunir con la Fiscalía, para estudiar qué opciones puede haber». En su opinión, «hay muchos asuntos como este que afectan a derechos humanos básicos que, sin embargo, no tienen encaje en el marco jurídico porque hay lagunas por cubrir». Las madres con menores nacidos en tránsito llevan años cruzando el país con sus hijos en situación de invisibilidad, «una situación que es nueva porque la pandemia ha hecho que estas mujeres se queden más tiempo aquí al no poder seguir su camino, normalmente hasta Francia, debido a las restricciones de movilidad».