Las moratorias de los préstamos ofrecidas durante la pandemia son «una trampa», que, según el presidente de Anfane, Rafael Cidres, tendrá un alto coste para las familias, ya que «se ha paralizado el pago de las cuotas sin ampliar el plazo, por lo que en cuanto se reanuden los cobros, la mensualidad será más alta». Muchas familias que dejaron de pagar la hipoteca están ahora «en la misma situación aunque haya acabado el estado de alerta porque siguen en paro o en muchos casos pendientes aún de cobrar los erte», asegura. Anfane se queja de que, «ante esta situación, las administraciones no están haciendo absolutamente nada». En este sentido, señala que las ayudas al alquiler del Ayuntamiento de Córdoba «están paradas desde enero porque dicen que sin el presupuesto no hay dinero». Eso hace que «los propietarios de los pisos no se fíen del Ayuntamiento por ser un mal pagador y las familias no puedan alquilar», indica. Respecto a las ayudas al alquiler de la Junta, «tampoco se están tramitando», por lo que los afectados «están en un callejón sin salida y, además, cuando salgan, habrá una avalancha de solicitudes y el dinero se agotará en mes y medio».
En este escenario, el ingreso mínimo vital empieza ahora a rodar, aunque las entidades sociales como Anfane reclaman que las prestaciones sociales se unifiquen en una con la cantidad que corresponda en función de cada familia y que se ordenen «para evitar posibles solapamientos, la existencia de varios pagadores en un año, que, independientemente de la cantidad, se traduce en un sobrecoste en la renta y evitar el trasiego burocrático que para una familia supone solicitar ayudas a distintas administraciones».
