Vecinos de la periferia, reunidos por el Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) y la federación de asociaciones vecinales Al-Zahara ha vuelto a concentrarse, en esta ocasión frente a la Delegación de la Junta en Córdoba, para exigir los servicios básicos de luz, agua y saneamientos para las parcelaciones de la ciudad que aún no los tienen.

El CMC se ha posicionado en relación al proyecto de ley de impulso a la sostenibilidad del territorio de Andalucía (conocido como Lista) incidiendo en algo que ya han repetido en más de una ocasión: los servicios básicos son una necesidad y un "derecho humano" que han de asegurarse a todos los vecinos de Córdoba, y dicho derecho no puede estar condicionado por las circunstancias de legalidad de una vivienda.

Para apoyar este proyecto de ley, han explicado los vecinos y el CMC, se exige al Gobierno andaluz más diálogo y negociación, especialmente con los vecinos afectados. Entienden que, de nuevo, la ley se deja a merced de la interpretación posterior que se haga de ella, así como de los informes técnicos y legales, lo que a su vez supone una afección para la vecindad.

Sí valoran que el nuevo proyecto incluya una definición clara de los suelos y de la diversidad de los mismos, aunque han exigido todavía más concreción. En el caso de Córdoba han recordado que hay soluciones que se plantean a nivel general y que aquí funcionan de manera distinta. Hablan, por ejemplo, de la fórmula de los afos (asimilados fuera de ordenación) o de los planes especiales, ambos de "muy limitada aplicación a nuestra ciudad al no poder realizarse en suelos de especial protección" o sometidos a legislaciones sectoriales, como pueden ser los casos de Medina Azahara o el aeropuerto.

Sobre el proyecto han criticado también que no recupere la posibilidad de adelantar servicios cuando los procesos urbanísticos se dilatan en el tiempo de forma "excesiva", lo que supone que muchas urbanizaciones lleven "20 años" pagando sin que se haya culminado ni un solo proceso de urbanización.

El CMC y Al-Zahara piden, por lo tanto, que la ley se adecúe a "lo que la experiencia de 20 años de LOUA ha demostrado necesario realizar pra que se concedan servicios básicos o legalizaciones".