REPORTAJE

El sambenito del funcionario

Trabajadores públicos de la Junta, el Ayuntamiento y el Estado relatan su experiencia en sus puestos como enfermero, administrativa y funcionaria de prisiones

Pablo Carrasco | Enfermero en el Reina Sofía.

Pablo Carrasco | Enfermero en el Reina Sofía. / CÓRDOBA

Noelia Santos

Noelia Santos

Pablo Carrasco es enfermero y trabaja en el Hospital Reina Sofía. El primer contrato en un hospital público lo firmó con 22 años, justo al acabar la carrera, pero no fue en Córdoba, ya que, como cuenta, «en mi gremio gran parte de los trabajadores son absorbidos por los distintos sistemas sanitarios de las comunidades autónomas». El camino hacia conseguir una plaza definitiva en su rama sanitaria no es corto. «En mi categoría se necesitan los estudios propios más distintos méritos, máster, cursos, publicaciones en congresos, tiempo trabajado... todo esto te posiciona en una bolsa de trabajo temporal. Y también forman parte del conglomerado para la realización del concurso-oposición necesario para la obtención de la plaza», explica.

Sobre el mito del funcionario que trabaja poco, el enfermero cree que «hoy día en España existe una gran precariedad laboral y el problema es que algunos partidos políticos ponen el ojo en los servicios públicos alentando una fractura social con el objetivo último de transicionar hacia modelos privados, así que les conviene que parte de la población nos vea así». Y acerca de si su salario es justo o no, lo tiene claro: «Me permite vivir dignamente, que es lo mínimo que debería tener cada trabajador».

Mercedes es administrativa en el Ayuntamiento de Córdobay se sacó las oposiciones en el año 82. Antes trabajaba en un despacho de abogados, pero decidió opositar al inicio del mandato democrático, cuando salieron muchas plazas para cubrir los distintos puestos. Recuerda que al principio los sueldos eran «bajísimos» y que «nadie quería ser funcionario». Con la llegada de Julio Anguita esto cambia y empieza a darse más entidad al trabajo del funcionariado.

Ahora, los ayuntamientos son los que más personal público están perdiendo, y Mercedes da en una de las claves: los primeros funcionarios locales de esos gobiernos democráticos ya se están jubilando o están a punto de hacerlo. El problema está en que no se cubren las plazas que se quedan libres, de ahí las carencias. 

Esta administrativa tiene clara la función de servicio público que se debe cumplir en un puesto como el suyo: «A mí me paga el ciudadano, no el político de turno». Sobre la seguridad que da tener un puesto de este tipo, reconoce que es un «privilegio», sobre todo teniendo en cuenta las dos crisis económicas que se han vivido en tan pocos años. Y acerca de las críticas, afirma que son «consustanciales» al funcionario, y admite que hay «un porcentaje de gente que no trabaja, pero cada gremio tiene su sambenito».

Mercedes explica además cómo ha sido trabajar durante la crisis sanitaria. «No teníamos nada de administración electrónica y creo que si no hubiera sido por el covid todavía no la tendríamos». Por lo tanto, afirma que sí que ha afectado a su labor diaria, tanto que al principio apenas podían trabajar porque ni siquiera tenían los medios para hacerlo.

33 Teresa 8 Funcionaria de prisiones.

Teresa | Funcionaria de prisiones. / CÓRDOBA

Y si Pablo pertenece a la administración autonómica, y Mercedes a la local, Teresa trabaja para el Estado. Es funcionaria de prisiones y lleva varios años en la cárcel de Alcolea (aunque ha pasado por algunas otras), se sacó las oposiciones con 26 años y lleva ya 20 trabajando en este sector. Aunque también admite que ser funcionario te da una seguridad que no te da la empresa privada, sí recuerda que en su trabajo se enfrenta a ciertos peligros. «La sociedad no sabe que después de la sentencia que pone un juez estamos nosotros», explica Teresa, que cree que la gente no conoce el trabajo que hacen los funcionarios de prisiones. Y lo hacen, denuncian, con ciertas carencias, que van desde la falta de material hasta la formación, que califica de «paupérrima».

Además piensa que su sueldo es bajo, pero más aún si se compara con el de los funcionarios de prisiones en Cataluña (única comunidad con las competencias transferidas), que cobran, asegura, 1.000 euros más que los del resto de España.

Aún así insiste en varias ocasiones en que le gusta su trabajo, el cual entiende que es «vocacional», teniendo en cuenta la realidad a la que se enfrentan día a día estos funcionarios. Preguntada por si hubiera elegido cualquier otra oposición si pudiera cambiar ahora, con todo lo que ha aprendido, dice, muy segura, que no.