Hay comisiones para todos los gustos: las Comisiones Obreras, las comisiones de servicio, la Comisión Europea, la comisión del árbol (que aprobó la tala de dos pedazos de casuarinas en el Alcázar esta semana), las ventas por comisión, la comisión de seguimiento del pacto antitransfuguismo (que a este paso presidirá Toni Cantó), la Film Commission y la comisiones que te cobran los bancos, que son las que más coraje dan de todas ellas.
Luego, están la comisiones de investigación y su subgénero municipal, que es un arma arrojadiza que se blande para acojonar al contrincante político con el reglamento orgánico del Ayuntamiento en una mano y su artículo 134 en la otra. Se dice por ejemplo en un titular: «El partido tal amenazó con una comisión de investigación al concejal cual», como si fuera la comisión una lanza con punta de sílex y el adversario, un mamut del Pleistoceno al que derribar.
Si no se nos ha quedado ninguna en el tintero, podemos decir que el Ayuntamiento de Córdoba ha celebrado desde la Transición al menos cuatro comisiones de investigación (en esa cifra me quedé esperando el comodín de la llamada; si hay más, me tendrán que perdonar), aunque más de mil quinientos amagos (los últimos, sobre el concierto de Ricky Martin y sobre el gerente fantasma que tuvo el Imgema). Ninguna de las celebradas tuvo consecuencias penales (aunque hubo en varias apertura de diligencias de la Fiscalía e incluso causa judicial que fue finalmente archivada, como en el caso Finacom). En todas fue muy limitado el eco en lo político (no provocaron, por ejemplo, ninguna dimisión), más allá de los correspondientes titulares. «Las comisiones son solo espectáculo para la prensa», zanja de plano un veterano exconcejal.
En un repaso apresurado, recién estrenada la década de los 90, se investigó, por ejemplo, la permuta del estadio municipal de El Arcángel que hizo el Ayuntamiento por otros terrenos propiedad de la empresa jerezana Finacom, que se comprometió a construir el actual estadio a cambio del suelo que dejaría libre la vieja instalación deportiva.
Aquel tema derivó en la creación de dos comisiones: una para aclarar el asunto de la permuta y otra para determinar la relación financiera entre el Ayuntamiento y el Banco de Comercio, porque el gerente de Finacom, José Luis Alarcón, era además director de esa entidad en el momento en que se formalizaron operaciones crediticias con Izquierda Unida y el Ayuntamiento. El asunto llegó a los tribunales hasta en dos ocasiones, pero la Audiencia de Córdoba declaró el sobreseimiento de la causa al no encontrar indicios de delito (se investigaba si Finacom pagó comisiones a asesores del alcalde Herminio Trigo o si iba a construirle una casa al entonces portavoz del PSOE, Manuel Gracia, o si el Ayuntamiento había dejado de ingresar 32 millones por la permuta).
Otra muy buena sucedió en el año 99, cuando el voto de calidad del alcalde Rafael Merino (y la ausencia del socialista José Mellado, que creyó que la sesión era por la tarde) impidió la creación de una comisión para esclarecer el papel del Ayuntamiento en el 50 aniversario de la muerte de Manolete, toda vez que para poder organizar una corrida de toros la administración se tuvo que hacer promotor taurino para cerrar la compra de las reses. Se cuenta, cucha qué detalles, que entre los justificantes de pago apareció hasta una servilleta de bar. En las crónicas de la época, nuestro compañero José Luis Rodríguez recogía unas gráficas declaraciones del socialista Pedro Rodríguez Cantero: «Las cuentas que ha facilitado Alcaldía se parecen a la Guía Michelín por el número de hoteles, restaurantes y tabernas que aparecen». Añadía, poco sutil pero muy descriptivo, que las facturas desprendían «un pestazo a corrupción» que echaba para atrás.
Aunque sirvió para poco, la que sí se celebró en tiempos de «el empresario que corría más que los papeles», Luis Carreto dixit, fue la comisión de las naves de Colecor. Se limitó a constatar el golazo por la escuadra de 40.340 metros cuadrados que le marcó Rafael Gómez al Ayuntamiento. Nadie asumió ninguna responsabilidad política y a otra cosa mariposa.
La última de las comisiones (se cerró en abril del 2012 siendo alcalde José Antonio Nieto) investigó las presuntas irregularidades registradas entre el 2006 y 2010 en sueldos del Instituto Municipal de Desarrollo y Empleo. En el dictamen se pidió al Pleno la extinción del Imdeec y el único concejal que votó en contra fue Paco Tejada (IU), que dijo que el PP había montado todo aquello para cargarse el instituto. Hoy, qué cosas, el Imdeec lo preside la popular Blanca Torrent.
Se dice que quien no conoce la historia está condenado a repetirla, pero ya saben que el hombre es un ser obstinado (más si el sujeto es concejal). La actual Corporación encamina sus pasos hacia la primera comisión del mandato. Será justo después de Semana Santa, para que los ediles vengan descansados, y su objeto pasa por esclarecer lo ocurrido en el Imdeco, cuando su presidente, Manuel Torrejimeno, envió a la entonces gerente y hoy concejala en ciernes (toma posesión mañana, qué nervios), María Luisa Gómez, un email en el que le ordenaba la realización de 35 tareas, algunas de ellas de muy dudoso encaje legal. Ya saben que al menos titulares les vamos a dar, aunque al final la culpa de todo sea de los mensajeros.
