La segunda fase del plan especial de reactivación de la Justicia en Córdoba, puesto en marcha por la Junta de Andalucía para paliar las deficiencias como consecuencia de la paralización de la actividad y el incremento de asuntos tras el estado de alarma, ya está en marcha, desde el 15 de marzo. Afectará a 30 órganos judiciales de la provincia, incluida la Fiscalía, y se invertirán 758.811 euros, fundamentalmente para la prolongación de jornada de los funcionarios, que realizarán tres horas extra por la tarde para desatascar, durante 23 semanas más, el colapso que afecta sobre todo a Mercantil y Social.

Así lo ha anunciado este viernes el director general de la Oficina Judicial y Fiscal de la Junta, Carlos Rodríguez Sierra, junto al director de Justicia Juvenil, Francisco Ontiveros y el delegado accidental de Justicia en Córdoba, Ángel Pimentel, que han mantenido una reunión en la Ciudad de la Justicia con la cúpula judicial y más tarde, en la Delegación del Gobierno, con los colegios profesionales de abogados, procuradores y graduados sociales para presentarles el plan.

Rodríguez Sierra ha manifestado que esta segunda fase, a nivel autonómico, supone una inversión de 15 millones en su totalidad y que Andalucía "es la única comunidad autónoma que ha cumplido con los planes del Ministerio" para reactivar la justicia.

En Córdoba, de la que Rodríguez Sierra ha dicho que tiene "una planta judicial muy pequeña, de mediados del siglo XX", el plan afectará al Registro Civil, la sección primera de la Audiencia Judicial, a 1 Juzgado Mercantil, 5 de Penal (incluido de violencia de género), 4 de lo Social, 2 de primera instancia (uno de Familia y Cláusulas suelo) y 15 juzgados de la provincia (Montoro, Posadas, Lucena, Montilla, Peñarroya-Pueblonuevo, Puente Genil y Baena), además de a la Fiscalía de Córdoba.

Según ha explicado el director general, el plan consiste en un refuerzo de horario, sobre todo por la tarde, para los funcionarios que quieran prolongar su jornada laboral. "Será 3 horas, 3 días a la semana en 23 semanas", ha explicado Rodríguez Sierra. Es decir, que afectará a un gestor, un tramitador y un auxilio por Juzgado.

"Podemos quitar el papel de las mesas de los funcionarios pero éste pasa a la mesa del juez y ahí está el cuello de botella"

Carlos Rodríguez Sierra - Director general de la Oficina Judicial y Fiscal de la Junta de Andalucía

La diferencia con el primer plan es que antes hubo refuerzos externos y ahora solo la prolongación de jornada de los funcionarios, además de que afecta a partidos judiciales pequeños de la provincia. No obstante, "hemos transmitido al poder judicial y al Ministerio la necesidad de dotación de más jueces, porque los funcionarios consiguen aliviarse de papel en las mesas pero el papel pasa a los jueces, y ahí hay un cuello de botella, porque se necesitan más para que se consiga acortar los tiempos de señalamiento", ha dicho Rodríguez Sierra, el cual ha apuntado que "es difícil explicar que por un juicio de despido el señalamiento esté a 3 o 4 años". En este sentido, ha manifestado que "por mucho esfuerzo presupuestario que hagamos, nuestra competencia es la que es, podemos quitar el papel a los funcionarios, pero éste pasa al juez".