La Audiencia Provincial de Córdoba ha dictado la apertura de juicio oral a un agente de la policía local de Puente Genil, suspendido desde hace años de empleo y sueldo, tras la denuncia interpuesta por varios de los que eran sus compañeros a raíz de los mensajes que este colgó en redes sociales y cuya vista oral comenzará el próximo 4 de mayo en el Juzgado de lo Penal número 6 de la capital.
En el escrito de acusación se especifica que el denunciado, «a sabiendas de que la información que proporciona no era cierta, y guiado por un ánimo de resentimiento y/o venganza por las resoluciones administrativas y/o judiciales adversas que le han podido afectar y con la intención de afectar y con la intención de perjudicar la fama, imagen y honor» del que fuera jefe de la policía local de Puente Genil y otros agentes del cuerpo policial al que pertenecen «publicó en su muro de la red social Facebook y con evidente ánimo de proceder a imputarles la comisión de delitos» durante un período comprendido entre finales del 2014 y principios del 2015.
Así, seis compañeros y el que fuera jefe de la policía local de Puente Genil interpusieron una denuncia por un «delito continuado de calumnias», por el que en el escrito de calificación el Ministerio Fiscal le reclaman una multa de 18 meses a razón de una cuota diaria de 12 euros, así como una multa de 1.000 euros «por los daños morales recibidos».
Unos días antes, el 28 de abril, el mismo acusado debe comparecer en otra vista oral señalada en el Juzgado de lo Penal número 4 tras la denuncia interpuesta por una empleada de la Administración de Justicia, a quien también el mismo agente de la policía local de Puente Genil, suspendido de empleo y sueldo desde hace años, acusó de irregularidades por la misma vía, las redes sociales.
En este caso, y por procedimiento abreviado, el acusado deberá comparecer por un mensaje colgado en su muro de Facebook el 8 de febrero del 2019, en el que «a sabiendas de que la información» que proporcionaba en el mismo «no es cierta y, guiado por un ánimo de resentimiento y/o venganza por las resoluciones administrativas y/o judiciales adversas que le han podido afectar y con la intención de afectar la fama» de la denunciante, letrada de la Administración de Justicia.
El mensaje consistía en un vídeo del denunciado en el que «se graba realizando manifestaciones» sobre dicha letrada «y exhibiendo una fotografía de la misma tomada en el ejercicio de sus funciones». Por ello, el Ministerio Fiscal entiende la comisión de «un delito de calumnia» por el que corresponde una multa de veinte meses a razón de una cuota diaria de 24 euros, mientras que la letrada de la Administración de Justicia ha renunciado a ser indemnizada.
Dichos juicios suponen el último capítulo de una serie iniciada hace cuatro años, cuando el citado agente acusó en redes sociales a sus jefes de «mafiosos».
