Aunque el miércoles concluyó la subasta de los terrenos en los que se encuentran las naves que el empresario y exconcejal de Unión Cordobesa, Rafael Gómez, levantó hace quince años sin licencia en la antigua Colecor, aún sigue pendiente la adjudicación de los mismos, complicada por la existencia de varios recursos.
Fuentes judiciales han asegurado a este periódico que, por el momento, no se ha dictado el decreto de adjudicación porque "hay recursos pendientes de resolver". Esta fuentes reconocen la complejidad de este procedimiento de ejecución hipotecaria. Esto indica que el futuro de la construcción ilegal ubicada en la carretera de Palma continúa en el aire.
Hasta ahora tampoco ha trascendido si en la subasta solo ha habido una puja o se han producido más, ya que la única que se ha publicado en el portal de subastas del BOE es la más alta, de 6 millones de euros. Esa cantidad no es suficiente para cubrir el valor de los terrenos, que partían con un precio de 6,2 millones.
La subasta deriva de un procedimiento de ejecución hipotecaria solicitado por el Banco de Santander contra el empresario Rafael Gómez, su mujer, Dolores Serrano, y sus empresas Mezquita Sur Inversiones, Arenal 2000 y Arenal 2001, y contra el Grupo Prasa. El Banco Santander reclama 7,2 millones en concepto de principal (de los que 6,2 son capital de préstamo, 990.350, intereses ordinarios, y 36.841, intereses de demora), más 2 millones de gastos y costas. La subasta afectaba a cinco bienes que suman 13 hectáreas en la carretera de Palma.
La situación de las naves es complicada, ya que, además de las cargas que tienen y de los múltiples acreedores, entre ellos, el Ayuntamiento (al que Gómez debe 30 millones de euros), cuentan con el hándicap de su ilegalidad, que solo puede resolverse con un plan especial que ahora mismo no es válido porque hay que cambiar dos artículos tumbados por el Supremo. Esos artículos son los que dirán cuántos metros cuadrados deberá demoler su futuro propietario y a qué podrá dedicar las naves.
