La preocupación y la incertidumbre no abandona al campo cordobés. Tras un año agrícola muy complicado por las consecuencias del covid-19, pero también por la crisis de precios en algunos cultivos y producciones ganaderas, el nuevo ejercicio que se inicia el 1 de septiembre vuelve a estar marcado por estos dos factores, a los que hay que unir también la reforma de la Política Agraria Común (PAC) o los efectos del cambio climático y la incidencia que está teniendo en los cultivos la reducción de las precipitaciones que se ha registrado en los dos últimos ejercicios. El año agrícola, que comienza el 1 de septiembre y finaliza el 31 de agosto (el año hidrológico empieza el 1 de octubre), estará también marcado por la negociación del nuevo convenio colectivo, ya que el actual se extinguirá a finales de diciembre.
A estas incertidumbres, apuntadas por las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA en Córdoba, hay que unir la desfavorable evolución de la renta agraria que se viene produciendo en los dos últimos años en la provincia y que, atendiendo al avance de la Consejería de Agricultura para 2020, puede acumular su tercer ejercicio de descenso. En el 2019, Córdoba fue la provincia andaluza en la que se redujo más la renta agraria al ascender a 1.038,8 millones, 262,6 menos que en el 2018 (-20,7%). En lo que va del 2020 no han sido favorables tampoco las ventas exteriores, pues la incidencia de los bajos precios en producciones como el aceite ha provocado un descenso de las ventas del 7% hasta junio respecto al mismo periodo del 2019. Aunque representa el principal capítulo exportador de Córdoba, los productos agroalimentarios han sufrido un descenso de las ventas exteriores en 2018, 2019 y 2020 (primer semestre).
El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, asegura que las grandes preocupaciones del campo cordobés están en la reforma de la PAC, los aranceles de EEUU, la incidencia del covid-19, los precios en algunas producciones y la incidencia del clima en las producciones. «Esperamos que venga pronto la vacuna y sea eficaz para poder seguir adelante», indica Fernández de Mesa, que pide «sentido común y unidad» a los agricultores en los mercados. «Confiamos en que el sector olivarero se coordine y la retirada de aceite del mercado pueda ser efectiva si los precios bajan», añade Fernández de Mesa.
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La secretaria provincial de COAG, Carmen Quintero, advierte de la «baja rentabilidad» en la agricultura cordobesa. «El problema es la crisis de precios y la inacción del Ministerio de Agricultura, que no publica una orden en la que se recojan los costes de producción de los distintos cultivos», explica Quintero. Además, critica la «tardanza» de la Consejería de Agricultura para adoptar medidas con relación al covid-19. «Tenemos una responsabilidad, pero vemos que ahora a finales de agosto se quiere elaborar un plan para el covid, con lo que los formalismos crecerán. Las medidas de la Junta queremos que sean factibles y no que vayamos a la carrera», precisa la responsable de COAG en Córdoba. Con relación a la PAC, asegura que el recorte del presupuesto y en las ayudas directas puede provocar, una vez más, que «no se haga una reforma con justicia y las ayudas vayan a grandes empresas. Hay que colocar un techo por arriba y que se prime la creación de empleo», añade Quintero.
Por último, el secretario provincial y andaluz de UPA, Miguel Cobos, advierte de la redistribución de fondos de la PAC que se puede producir con la potenciación del agricultor «genuino», que puede provocar que «muchos agricultores que tienen en el campo un complemento importante para su renta, la vean mermada de manera importante». Asimismo, confía en que el Ministerio de Agricultura no aproveche la reforma de la PAC para que Andalucía «vuelva a perder dinero» en beneficio de otras zonas. «Hay que colocar techos en las ayudas y fijar una bolsa para pequeñas explotaciones», indica el secretario provincial de UPA.
Del mismo modo, confía en que los costes de producción se mantengan como referencia en la reforma de la ley de la cadena alimentaria y que las medidas contra el covid-19 «no supongan una nueva carga y coste adicional para los agricultores, aunque la salud de los trabajadores está por encima de todo».
