La tesis La ocupación residencial del suelo no urbanizable: análisis de las parcelaciones ilegales del municipio de Córdoba le ha valido a este arquitecto técnico cordobés, profesor del departamento de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla, el reconocimiento del Centro de Estudios Andaluces, que le ha otorgado el segundo premio de los galardones Tesis. David López Casado es licenciado en Humanidades por la Universidad de Córdoba y doctor en Geografía por la Universidad de Sevilla.

-¿Qué supone este premio?

-Para cualquier investigador es una forma de reconocimiento a una investigación, sobre todo, en el caso de una tesis doctoral, que es todo un reto, no solo intelectual y científico, sino personal, ya que requiere mucho tiempo de trabajo, muchos sacrificios y recursos, por lo que es un honor.

-¿Cuánto tiempo ha estado trabajando en ella?

-Llevo investigando las parcelaciones desde que empecé a trabajar en Medina Azahara entre el 2000 y el 2011. Allí una de mis labores era el control de las parcelaciones del conjunto arqueológico. La tesis la empecé en el 2013, pero tenía trabajos anteriores.

-¿Qué diferencia a Córdoba capital de otras zonas?

-La intensidad con la que se ha producido el fenómeno. Córdoba es famosa porque, de las capitales de provincia andaluzas, es donde el fenómeno es más intenso. Solo en Jaén es similar, no tanto en número de parcelaciones, porque en eso se lleva la palma Córdoba, pero sí en cuanto a superficie.

-¿Cómo explica la evolución entre las 44 parcelaciones más 9 en formación contabilizadas en 1980 a las 97 del inventario del 2014?

-Lo que distingue al proceso en Córdoba del resto de España es que las administraciones no han tenido la capacidad, no ya para frenarlo, sino para reconducir las que ya existían. Se está tratando de reconducir una situación con unos instrumentos que están pensados para otra cosa y eso es uno de los retos que tiene la Administración. Otras explicaciones son el contexto económico, social y político. La dimensión del término también influye y el de Córdoba es tan extenso que ha permitido que crezcan sin comprometer el desarrollo urbano.

-¿Por qué se ocupa primero la Sierra y después la Vega?

-Las parcelaciones surgen como una especie de versión económica de las urbanizaciones de segunda residencia y se buscaban espacios donde las condiciones ambientales y paisajísticas fuesen agradables y Córdoba se fue a buscar la zona de ocio en la Sierra. En los ochenta los suelos de la Vega eran muy productivos y el que tenía terrenos allí los destinaba a labores agrícolas. Eso a final de los ochenta y noventa empieza a cambiar y aparece una figura, la del parcelador profesional, que en la Sierra no existía. La primera parcelación surge en Córdoba en los sesenta y las de la Vega son de finales de los ochenta, cuando el fenómeno está bastante desarrollado.

-¿Debería haberse frenado?

-Indudablemente. Si las administraciones hubieran tomado cartas en el asunto antes y lo hubieran hecho de forma acertada seguramente Córdoba, y Andalucía en general, no sería de las pocas regiones en las que el fenómeno tiene cierta vigencia. La voluntad política del Ayuntamiento es básica y si se hubiera querido, se hubiera frenado.

-¿Por qué ha fracasado el proceso de regularización?

-Se está tratando de reconducir un proceso con unos mecanismos pensados para las grandes ciudades. La aplicación de la Ley del Suelo, con sus reglamentos, está pensada para los desarrollos de las grandes ciudades y tratar de reconducir un proceso con las singularidades que tiene ese fenómeno con una técnica pensada para otro tipo de procesos, no funciona y lo estamos viendo. En la mayoría de los casos los que viven allí, los parcelistas, no quieren incorporarse a la ciudad bajo las mismas fórmulas que ella. Eso supone tener que pagar mucho dinero, asfaltar calles y tener servicios de los que han ido huyendo en cierto modo.

-¿Por qué cree que medidas como las que se intentan aplicar desde hace años no dan fruto?

-El problema es que hay un error en el diagnóstico. Se trata de hacer una normativa general para una casuística variadísima. No son lo mismo las viviendas de segunda residencia que compran los extranjeros en la Axarquía malagueña o en el Valle de Almanzora que las que están en la Sierra o Vega de Córdoba y, dentro de ésta, no son lo mismo las de zona inundable que las del plan especial de Medina Azahara. El último decreto de la Junta se hace para tratar de solucionar el problema del Valle del Almanzora y de la Axarquía.

-¿Habría que legalizarlas todas independientemente del suelo?

-Habría que preguntar a los vecinos si quieren vivir en un sitio con calles pavimentadas, con aceras, con aparcamientos, y creo que la mayoría van a responder que no. No es lo mismo las de la Sierra que las de la Vega. En la Sierra, en zonas con un claro riesgo de incendio, o se hacen planes de prevención serios o no es posible, porque ¿qué técnico o qué político firma cuando pueden morir personas? Pasa lo mismo que en las inundables, ¿quién va a legalizarlas sabiendo que se anegaron hace unos años? Legalizar las parcelaciones de Medina Azahara es un disparate, primero porque no hay ninguna necesidad. Hay que preguntar qué prevalece, si el interés general del valor patrimonial de Medina Azahara o el particular de un número limitado de personas y, dentro de ellas, no es igual primera que segunda vivienda. ¿Legalizarlas todas? Está claro que no. Hay que distinguir cuáles se pueden incorporar al modelo de la ciudad, aunque habría que definir cuál queremos. Hay fórmulas para integrarlas o reconducir la mayor parte de las que están muy consolidadas, pero hay otras que no tiene ningún sentido legalizar.

-¿Y darles servicios?

-Se habla de servicios provisionales. Cuando das a la gente agua y luz, ¿esa persona va a hacer un esfuerzo por legalizarse? No. Lo que hay es que ver cuáles son los casos de necesidad. Dar servicios de forma generalizada es un error.

-¿Cómo dar salida a las de zona protegida o inundable?

-Hay que ser claros. Si se quiere legalizar las parcelaciones inundables y la única vía es construir un muro de hormigón, que lo digan. Que digan que no se van a legalizar nunca y que se va a arbitrar otro mecanismo. Si la Administración ha permitido que se construya, no les puede decir que se vayan, de alguna forma habrá que compensarlos en su justa medida. En Barcelona, en los 80, en Montjuic, se arbitraron fórmulas para conseguir que en 30, 40 o 50 años fueran desapareciendo. Se permitía que los residentes siguieran hasta que esa generación desaparezca y, después, en vez de dejar que los herederos sigan usándola o la vendan, la Administración se hace cargo de la vivienda y paga su valor residual. La Administración puede hacer planes a largo plazo.

-¿Qué propuestas de intervención sugiere?

-No acometer medidas generalistas. La tesis propone una tipología de parcelaciones y a partir de ahí, acometer medidas que aborden la problemática que genera cada una y decir «estas sí y estas no» y «estas no, y con estas condiciones», «usted no se va a ir mañana pero sí, dentro de 50 años, su hijo no va a poder heredar la casa». Pero dar soluciones de manera generalizada a las parcelaciones no se puede.

-¿Hace falta cambiar el PGOU para incorporar parcelaciones de la Vega?

--¿Cuáles de la Vega? ¿las de Medina Azahara? ¿las inundables? A las casas de la zona BIC de Medina Azahara hay que decirles que el interés del yacimiento es general y mundial, y pueden permanecer pero en el futuro la lógica dice que tienen que desaparecer y que el yacimiento debe recuperar ese espacio. Las inundables, igual. Hay instrumentos más que de sobra para dar soluciones. Eso sí, no se puede decir «te demuelo la casa y ya está». La Administración ha sido responsable en la generación del problema y, aunque nos duela, debe hacerse corresponsable de la solución. Otra cosa son las que se quedaron fuera de los planes de sectorización, que requieren un estudio. No creo que modificar el PGOU sea tan necesario, sino hablar con la administración andaluza e intentar solucionar la problemática.