La Diócesis de Córdoba ha publicado un protocolo de actuación frente a abusos sexuales a menores donde recuerda que la obligación legal de denunciar afecta a todos los ciudadanos. El documento se dirige a los sacerdotes y profesionales que trabajan en la educación de los menores o con adultos vulnerables en las parroquias, centros de formación, instituciones y demás ámbitos de la pastoral diocesana.
El concreto, la Diócesis recuerda que, "de acuerdo con la legislación vigente en España, la comunicación (notificación) a la Institución de protección de menores, y, si corresponde al Ministerio Fiscal, de un supuesto caso de abuso sexual es una obligación legal para todos los ciudadanos, especialmente para los profesionales que trabajan con menores de edad, según se establece en la Ley 26/2015 de 28 de julio".
El documento no solo se refiere a la obligación legal, también habla de la obligación ética cuando señala "el deber moral de comunicar el abuso y proteger a los niños está por encima del deber de guardar la confidencialidad de otro tipo de informaciones y relaciones profesionales o de amistad".
COMIENZA SU DISTRIBUCIÓN EN PARROQUIAS
El protocolo se ha comenzado a distribuir en parroquias, asociaciones de fieles, movimientos eclesiales, sacerdotes y vida consagrada del Protocolo diocesano de prevención y actuación frente a abusos sexuales a menores y personas vulnerables y el código de buenas prácticas para ambientes sanos y seguros en la Iglesia.
Consulte el protocolo íntegro en este enlace
El documento, según informa la Diócesis, atiende "a los criterios y normas dadas por el papa Francisco y a otros con la misma finalidad, ya publicados en algunas diócesis españolas y por otras instituciones eclesiales. El documento ha sido aprobado por decreto del obispo de nuestra diócesis, tras consultar el Consejo Episcopal y está sujeto a las novedades jurídicas que pudieran publicarse en materia de abuso".
El protocolo, elaborado por la comisión diocesana interdisciplinar, está dirigido a sacerdotes y agentes de pastoral para que puedan actuar ante posibles casos de abuso sexual que puedan darse en las parroquias, centros de formación, instituciones y demás ámbitos de la pastoral diocesana en los que se trabaja en la educación de menores o con adultos vulnerables. Entre las finalidades del protocolo figura "la de recibir, escuchar y acompañar a quienes afirmen haber sido víctimas de explotación, abuso o abuso sexual, así como a sus familias y ofrecerles atención pastoral y apoyo espiritual, médico, psicológico y legal".
Con este documento, la diócesis de Córdoba pretende ser "cada vez más consciente de los derechos y necesidades de los niños y personas vulnerables y prevenir cualquier tipo de violencia, abuso, negligencia, abandono o explotación que puedan ocurrir en el ámbito formativo o de ocio de la Iglesia, así como prestar leal colaboración con las autoridades competentes para la prevención y denuncia de abusos para realizar un proceso penal efectivo de cualquier abuso contra menores o personas vulnerables cometidos en la Diócesis".
