Córdoba ha mejorado considerablemente en licitación de obra pública en el primer semestre del 2018. De hecho, de sacar a concurso 50,10 millones de euros durante los seis primeros meses del 2017, se ha pasado a licitar 109,05 millones, más del doble, continuando así la tendencia que se inició a partir del 2016. La situación de Córdoba tampoco es mala si se tiene en cuenta que la inversión de las administraciones por habitante en lo que va de año asciende a 138,6 euros, cantidad que está por encima de la media andaluza (116,5 euros) y por la que se sitúa en el tercer puesto de la región. Sin embargo, si se analiza la evolución de los últimos cuatro años, las cifras no son tan halagüeñas, ya que la provincia está entre las tres últimas de Andalucía con una inversión de 379,2 euros por habitante que la sitúan por debajo de la media andaluza (421,4). Detrás de ella solo están Málaga y Jaén. En peor posición queda, la penúltima, en inversión por kilómetro cuadrado, con 21.657 euros, que la colocan muy por debajo de la media (50.274).

Todos estos datos los han ofrecido esta mañana el secretario general de la Asociación de Empresarios de la Construcción de Córdoba (Construcor), Francisco Carmona, acompañado por la presidenta, María Dolores Jiménez, y por el presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz, que han pedido más apoyo a las administraciones públicas y han exigido, de cara a la elaboración de los próximos presupuestos, un esfuerzo inversor que rompa el desequilibrio que perciben.

En cuanto a licitación, Carmona ha señalado que a pesar del aumento experimentado, en el fondo “subyace algo preocupante”, que la mayor parte de la obra pública sacada a concurso es anterior a marzo del 2018, cuando entró en vigor la nueva ley de contratos, por lo que a partir de entonces “ha estado paralizada”, principalmente porque los ayuntamientos “no han hecho sus deberes de adaptación de los pliegos de condiciones” a la misma. Esto le lleva a pensar que en diciembre la situación será “preocupante” y “complicada”.

MEJORÍA EN VIVIENDA

En cuanto a vivienda, Carmona asegura que la situación está “más normalizada” y se mantiene la tendencia de crecimiento iniciada en el 2014, con un alza del 13,3% en relación al 2017. En concreto, la venta de vivienda de nueva construcción ha aumentado un 24,4% mientras que la de pisos de segunda mano ha crecido un 11,5%, aunque, según los datos facilitados, la provincia ocupa el séptimo lugar de Andalucía por venta de viviendas por cada 100.000 habitantes, con un ratio de 421,25 frente a los 585,45 de media andaluza. Además, Construcor detecta una desaceleración en el ritmo del crecimiento de las hipotecas, por lo que ahora 78 de cada 100 pisos se adquieren con financiación ajena frente a los 86 de un año antes.

Respecto al empleo, Carmona percibe “cierta resistencia a la creación”, por lo que “la población activa sigue estancada” y en la “ocupada se produce una ligera desaceleración”.

DEMANDA A LAS ADMINISTRACIONES

La presidenta de Construcor reclama a la Junta y al Gobierno que “apuesten un poco por Córdoba” en sus presupuestos, mientras que al Ayuntamiento exige “un cambio total y rotundo en la Gerencia de Urbanismo”, a la que los empresarios responsabilizan de la paralización de proyectos. Jiménez pide que “modernicen la Gerencia de Urbanismo, la hagan más flexible y favorezcan que vengan empresarios”.

En este sentido, Antonio Díaz ha mostrado su preocupación y la de los empresarios por “la lentitud en la tramitación” de la anunciada ordenanza para agilizar licencias y declaraciones responsables, de la que desde agosto no se sabe nada. También lamenta que el tiempo va pasando y no percibe avance en temas tan importantes como la inversión de los 15 millones de los fondos Edusi, con los que Urbanismo pretende sufragar la administración electrónica. A Díaz le preocupa ademas “la lentitud en la tramitación de licencias” y la paralización de obras, la última, la del Templo Romano.

Con un horizonte en el que se aproximan varias citas electorales, Carmona augura una situación “preocupante” si no se produce una aprobación rápida de los presupuestos municipales y se retrasan al 2019.