60.400 cordobeses se beneficiarán del plan para 8 zonas desfavorecidas
Primero se elaborará un documento de intervención, y después se desarrollará en planes cuatrianuales. La capital recibirá de la Junta unos 5,1 millones hasta 2021 para Palmeras, Moreras y distrito Sur
La estrategia regional para la cohesión y la inclusión social, aprobada el martes por el Consejo de Gobierno, podrá beneficiar a 60.473 personas -casi el 8% de la población cordobesa- que viven en alguna de las ocho zonas desfavorecidas de la provincia incluidas en el plan. Estas ocho zonas se ubican en cinco municipios, de manera que 26.825 beneficiarios serán de la capital (donde se atenderán las zonas de Palmeras, Moreras y distrito Sur); 18.050 personas, de Palma del Río (barriada del V Centenario); 7.039, de Baena (en la barriada de San Pedro, El Salvador y Ladera Sur); 5.883, de Puente Genil (barriada Poeta Juan Rejano y Francisco de Quevedo, y calle Bailén), y 2.676, de Peñarroya-Pueblonuevo.
La estrategia prevé que ahora sean los ayuntamientos y la Diputación --en el caso de Córdoba solo desarrollará el documento peñarriblense, ya que con Baena se ha llegado a un acuerdo especial para que sea su propio ayuntamiento el que lo haga-- los que elaboren sus planes locales. Para ello, recibirán una primera línea de subvenciones de 76.313 euros, destinada al diseño y elaboración de estos planes en los cinco municipios. Después, se recibirán las subvenciones para la implantación, desarrollo y ejecución de las estrategias locales de intervención en las zonas desfavorecidas, a través del refuerzo de personal en los servicios sociales comunitarios. Por este concepto, Córdoba recibirá 9,3 millones de euros, de los que 5,1 serán para la capital; 1,6, para Palma del Río; 1,05, para Puente Genil; y 1,6, para Baena y Peñarroya. Estas subvenciones se entregarán de manera periódica durante los próximos 4 años, hasta 2021.
Los planes abarcarán distintas políticas sectoriales, especialmente las vinculadas a facilitar el acceso a los sistemas de protección social y la inserción socio-laboral de personas en situación o en riesgo de exclusión. Entre sus medidas estará evitar la ejecución de desahucios, incrementar la empleabilidad, favorecer el comercio local o impulsar la economía social y solidaria.
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