El PP llevará la continuidad en dos servicios al Tribunal de Cuentas
Salvador Fuentes afirma que «no es normal tanta chapuza sin consecuencias»
El viceportavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Salvador Fuentes, anunció ayer que los populares trasladarán al Tribunal de Cuentas la decisión adoptada por la alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, de autorizar la continuidad de los servicios de mantenimiento de zonas verdes y de comida a domicilio, en contra de lo que dice un informe de la Intervención General de Fondos. Fuentes señaló que esta «pone de manifiesto que estamos ante una grave irregularidad», por lo que también «veremos el alcance jurídico que tiene esta decisión de levantamiento de reparo, porque no es normal tanta chapuza sin consecuencias», y recordó el «precedente del Alcázar», en referencia al procesamiento del exconcejal popular Rafael Navas por la gestión de contratos en ese monumento.
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El viceportavoz del PP detalló que «en el caso de comida a domicilio, hubo dos prórrogas y esta es la segunda continuidad que se solicita», mientras que «en zonas verdes se efectuaron hasta tres prórrogas y esta es la segunda propuesta de continuidad». En su opinión, «tenía que activarse todo el procedimiento con tres meses de antelación a la fecha de vencimiento para iniciar ese expediente» y a esto añadió que «la Intervención dice que las razones no son imprevistas ni excepcionales, ni justifican que no se haya tramitado con antelación un nuevo expediente con vista a poner en marcha un nuevo servicio».
En otro orden de cosas, Fuentes aludió a la noticia de que la Junta ha vuelto a dar vía libre a Cosmos para la incineración de residuos no peligrosos y definió la situación explicando que tanto el Ejecutivo regional como el Ayuntamiento de Córdoba son gobernados por el PSOE, pero «cada uno está atrincherado en su verdad y utilizando a los trabajadores y a una empresa como una pelota de pimpón».
C’S/ El portavoz del grupo municipal de C’s, David Dorado, acusó ayer al gobierno local de actuar «como si el Ayuntamiento fuera su cortijo», precisando que la prórroga de los contratos de zonas verdes y comida a domicilio «no tiene justificación legal».
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