La Junta de Andalucía ha destinado este año que finaliza 129.333 euros a potenciar las acciones en materia de protección y defensa de los consumidores, según figura en la memoria anual del Servicio de Consumo que la delegada de Salud, Igualdad y Políticas Sociales, María Angeles Luna, ha presentado al Consejo Provincial de Consumo.

De esta cifra, 64.403 euros han financiado el funcionamiento de las oficinas de Información al Consumidor en 13 entidades locales de la provincia así como la Junta Arbitral provincial, y otros 64.930, se han concedido a asociaciones de consumidores para actividades formativas y asesoramiento en todos los municipios, según informa la Junta en una nota.

El servicio de Consumo ha atendido este año 1.243 reclamaciones y 257 denuncias, presentadas contra proveedores de bienes y/ o servicios. Esta cifra supone un descenso del 16,85% con respecto al año anterior. De nuevo, los servicios de telefonía móvil son los más reclamados, con el 33,89% del total. Le siguen, los servicios esenciales (luz, agua y gas) con un 20,02% y el comercio con un 14,84%.

En el 2015 se iniciaron 265 procedimientos sancionadores por posibles infracciones a la ley de Defensa y Protección de los consumidores y usuarios de Andalucía y, como consecuencia de los mismos, la Junta impuso sanciones por importe de 180.104 euros. Respecto a la labor de mediación, el 37% de los casos finalizó con conciliación entre los consumidores y los empresarios.

El informe recoge que los inspectores han llevado a cabo 3.028 actuaciones en empresas para comprobar el cumplimiento de la normativa en 21 campañas y algunas de las más significativas han sido la inspección de páginas web de comercio electrónico, la compra-venta y alquiler de viviendas, las gasolineras y el control del IVA en la facturación.