Un joyero y su hijo, propietarios de dos empresas de joyería, acusados de un delito de fraude a Hacienda por más de un millón de euros, han negado hoy haber cometido ningún delito y han defendido que declaraban todas sus operaciones a la administración.
En el juicio, que ha tenido lugar hoy en el Juzgado de lo Penal Número 2 de Córdoba, se dirime la responsabilidad en el fraude tanto del padre y del hijo, administrador y apoderado respectivamente en ambas empresas, con las que, según la Fiscalía, se dedicaban a la venta de oro a fabricantes y mayoristas, presuntamente utilizando tiques en vez de facturas para no identificar a los compradores.
Mediante este sistema, por el que además está encausada una empleada, la cuota defraudada a Hacienda correspondiente al ejercicio 2006 ascendería a 1.045.083 euros.
Además, hay otros dos clientes del negocio procesados y acusados de "adquirir importantes cantidades de oro para revenderlo", de las empresas del padre y el hijo joyeros, sin presentar la preceptiva declaración, ascendiendo el importe a 1.917.890 euros,
En el juicio, el padre, de 93 años, ha rehusado declarar aduciendo problemas de memoria y de salud, y se ha ratificado en su anterior declaración, al igual que uno de los dos clientes encausados.
Quien sí ha declarado ha sido hijo del joyero, que ha aclarado que él era apoderado de estas dos empresas, una con la cual vendían oro a fabricantes, y en la que siempre emitían factura, y otra que vendía a inversionistas, que pagaban "siempre al contado" y recibían un tique "siempre que el desembolso fuera inferior a 3.000 euros", algo que "era legal".
Con respecto a los clientes acusados, ha dicho que "no compraron nunca ni un gramo de oro" a sus empresas.
"Ellos no eran ni mayoristas, ni fabricantes. Sólo eran comisionistas de una empresa de Barcelona", ha apuntado el acusado, quien, respecto a su empleada, ha explicado que "no tenía ninguna responsabilidad sobre las facturas o la contabilidad" de las empresas.
Para el joyero y su hijo, el Ministerio Fiscal pide penas de entre dos y cuatro años de cárcel y una multa que oscilaría entre 3 y 6 millones de euros, mientras que la empleada, según el grado de implicación que el magistrado estime, las penas rondarían los dos años de cárcel, y la multa podría ser de hasta tres millones de euros.
En el caso de los dos clientes encausados, Fiscalía considera que podrían enfrentarse a casi tres años de cárcel y a una multa por el triple de la cantidad que se estime haya sido defraudada.
Por su parte, las defensas de todos los acusados han pedido la libre absolución, y han pedido la nulidad de todas las pruebas.
El juicio se prolongará hasta el próximo día 30 de abril, con la testificación de las partes y la aportación de pruebas periciales y documentales, y se establecerá si las empresas en las que participaban los acusados eran una misma unidad económica o dos personas jurídicas diferentes.
Una vez dilucidada esta cuestión, se determinará el hecho criminal concreto del delito contra la Hacienda Pública.
