El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, se mostró ayer confiado en que las instituciones darán la razón al Cabildo Catedral en el proceso que llevó a la inmatriculación de la Mezquita--Catedral, todo ello después de que el Parlamento de Andalucía, a instancia de IU y con los votos del PSOE (el PP votó en contra) aprobase el jueves una resolución para pedir que se declare inconstitucional la vigente ley hipotecaria, en la que se basó el procedimiento para que la Iglesia registrase el monumento.

En una amplia entrevista de en la que el obispo abordó numerosas cuestiones, y que Diario CORDOBA ofrecerá mañana, Demetrio Fernández consideró que "es un asunto legalmente muy claro, pero mediática y políticamente da mucho de sí. Aquí nos atenemos todos a la ley y todas las opiniones son muy respetables, sobre todo por cauces democráticos, como se ha hecho con la propuesta del Parlamento andaluz. Que siga adelante (la propuesta). La ley dirá lo que ya dice la ley", afirma.

Hay que recordar que, aun suponiendo que el Tribunal Constitucional declarase inconstitucional el polémico apartado de la Ley Hipotecaria, no está claro que esta decisión afecte retroactivamente a la inmatriculación de la Mezquita--Catedral.

Por otra parte, el presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno Bonilla, a preguntas de los asistentes a Los desayunos de Diario CORDOBA consideró que "la polémica de la Mezquita la ha creado la Junta" (más información en las páginas 2--11 de esta edición).

También el alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, criticó que se recurra la Ley Hipotecaria que ha permitido a la Iglesia Católica inmatricular a su nombre la Mezquita--Catedral, "cuando aún no se conoce el famosísimo informe jurídico de la Junta" sobre este asunto, recoge Europa Press . Nieto se refirió así al informe jurídico que la Junta anunció en febrero que iba a encargar para saber si era posible que la Administración autonómica o el Gobierno central reclamasen la titularidad pública de la Mezquita, tal y como demanda una plataforma ciudadana.

Además, según Nieto, no se explica que "se recurra ante el TC una norma que perfectamente se pudo modificar durante los ocho años del Gobierno de Rodríguez Zapatero", tiempo en el que, criticó el alcalde, "no se dieron cuenta" de la supuesta inconstitucionalidad de la ley.