A la Junta no le va a resultar fácil vender, e inmediatamente después alquilar mediante la misma operación, los 8 edificios públicos que tiene en Córdoba y que forman parte del lote de 70 inmuebles repartidos por toda Andalucía con los que pretende lograr de inmediato más de 325 millones de euros. El 29 de agosto terminaba el plazo de presentación de ofertas para la operación de sale & lease back --alquiler con retorno-- que autorizó el Consejo de Gobierno en enero de este año y que se inició en junio con la publicación de los requisitos en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Tras haberlas analizado, la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas explicó ayer que ha rechazado las tres propuestas presentadas por no cumplir los requisitos exigidos. Por ello, la Junta se ve obligada a abrir un nuevo proceso, que será el tercero, ya que hace cuatro años intentó también vender un lote similar de inmuebles y no lo consiguió, ya que solo se desprendió de algunos.

COMISION TECNICA La comisión técnica encargada de evaluar las ofertas se reunió ayer y decidió rechazarlas al no haber presentado ninguna de las tres empresas el 5% del precio global del lote, cantidad que se les exigía como aval. Las interesadas tenían que haber acompañado su oferta con el resguardo que acreditara que habían constituido la garantía exigida, que suponía justificar 16 millones de los 325 millones en los que se ha establecido el precio mínimo del lote de edificios. Esto ha llevado a la Consejería de Hacienda y Administración Pública a archivar el expediente e iniciar otro, que consistirá en una enajenación directa. De esa manera, la Junta negociará de manera directa con cada una de las entidades interesadas en la operación sin alterar las condiciones respecto al precio mínimo. En el caso de los 8 edificios cordobeses, son 47 millones de euros la cantidad que la Junta espera recibir. No obstante, hay que tener en cuenta que la Junta no saca al mercado los edificios para adjudicarlos por separado, sino que el interesado en comprarlos, para inmediatamente después recibir una renta anual por ellos, debe quedarse con el lote completo de los 70 inmuebles repartidos por toda Andalucía. En el caso de Córdoba, la Junta abonará al comprador en concepto de arrendamiento 3,5 millones de euros al año durante dos décadas a cambio de recibir los 47 millones de euros de la venta.

Aunque la Junta no especifica el tiempo durante el que se prolongará el proceso de enajenación directa, prevé que la operación de venta esté concluida durante este año.

La Junta lleva intentando vender edificios públicos para obtener dinero con el fin de dedicarlo a otras necesidades y proyectos desde el año 2010. En aquel momento sacó un lote de 75 edificios, seis de ellos situados en Córdoba, pero los interesados en adquirirlos no lograron la financiación necesaria. En esta ocasión ha optado por bajar el precio de los bienes que ofrece y por una fórmula distinta, ya que en el 2010 la idea era que pasaran a manos de las entidades Sogefinpa y Epgasa.