"Nosotros a los nenes no les decimos que esto es un comedor de verano. Nosotros le llamamos 'la escuela de agosto', para que no se tomen esto como un mero servicio de caridad", cuenta Toñi Mudarra, coordinadora de uno de los siete comedores infantiles que se mantienen en activo durante el mes de agosto en la provincia de Córdoba en las llamadas Zonas con Necesidad de Transformación Social (ZNTS). 380 niños y niñas cordobeses reciben a diario 1.000 comidas gracias a que este proyecto se mantiene en activo.

Mudarra, de la Asociación para la Defensa Social de Adolescentes y Menores (Adsam), es la responsable del comedor de verano del colegio Antonio Gala, en Las Moreras, al que acuden cada día 53 niños de la zona para recibir el almuerzo. "Aquí no hay prácticamente faltas de asistencia", asegura. Son 53 porque no pueden atender a más. Algunos niños se quedaron este año en la lista de espera. A las 11.30 horas, los 53 acuden al centro escolar donde les esperan cada día seis monitores y la portera de un colegio que en agosto abre las puertas exclusivamente para ellos. Antes del almuerzo caliente, que realizan pasadas las 13.00 horas, Adsam prepara actividades lúdicas y visitas para que "esto no se convierta en una mera actividad asistencial" dice Toñi Mudarra.

A las 13.30 horas el alboroto en la sala de conserjes del centro, ahora habilitada como pequeño comedor, es ensordecedor y ya no queda prácticamente comida sobre los platos de los pequeños comensales: legumbres, arroz o pasta de primer plato; carne o pescado como segundo. La comida, casera, dura muy poco sobre el plato de unos niños que comen en un ambiente de total normalidad.

A pesar de que al terminar el almuerzo se les reparten bolsas de pic-nic para la merienda y el desayuno del día siguiente, muchos de los niños, de entre cuatro y 16 años, acuden sin haberse llevado nada a la boca por la mañana. "El problema es que para muchos no les llega con lo que les damos porque hay en la familia otros que también lo necesitan", cuenta Mudarra. El perfil de los que asisten a este comedor escolar de verano es variado. Para Mudarra no se les puede clasificar, como tampoco se puede clasificar a un barrio, y afirma que "hay un poco de todo" y que cuentan con una profesora de Educación Especial para los casos más problemáticos.

Este verano los gobiernos regionales de Galicia, La Rioja, Madrid y Castilla-León anunciaban que no mantendrían este servicio en los meses poniendo como excusa la "excesiva visibilidad" y que podría convertirse en un "estigma" para los niños. Para Juan Muñoz, también miembro de Adsam, lo que realmente les estigmatiza es hacer vida en un "ámbito privado de conflicto y tensión", y defiende que lo que el niño percibe en estos comedores es "normalidad". Francisco Ruiz, responsable de la coordinación de los comedores que gestiona la asociación en verano, afirma que muchos de estos niños han estado durante al curso escolar acudiendo al comedor y después, en julio, pasaron a formar parte del proyecto de escuelas de verano, por lo que "prácticamente lo tienen interiorizado en su día a día", tanto que a las monitoras les tratan como 'seño'.

Mudarra, que observa cada día la evolución de cada uno de los casos, afirma que su trabajo, al fin y al cabo, solo es una solución de emergencia y que "el problema de fondo no se soluciona en absoluto" y añade que hay mucho por hacer, como "políticas que vayan a las raíces de los problemas y no solo poner parches". "El año que viene volveremos a tener los mismos niños", lamenta.

El programa de distribución de comidas a menores de edad a través de las escuelas de verano de la Junta incluye a siete escuelas gestionadas por entidades sin ánimo de lucro en colaboración con los ayuntamientos donde se encuentran las seis ZNTS, espacios urbanos de especial atención: tres de ellas en la capital --Palmeras, Moreras y Calle Torremolinos y entorno-- y tres en la provincia --Puente Genil, Baena y Palma del Río--. La Junta destina 150.000 euros para financiar el desarrollo de este programa, mientras que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Córdoba colabora con 60.000 euros.