La Asociación Pro Derechos Humanos Córdoba presentó ayer el informe sobre la situación de los derechos humanos en la provincia de Córdoba, centrado principalmente en las condiciones en las que viven los reclusos de la cárcel y en los efectos que los recortes están teniendo sobre la población reclusa.

Carlos Arce, delegado de APDHA en Córdoba, y Valentín Aguilar, coordinador del área de Cárceles de la asociación, alertaron de que "a pesar de la especial incidencia en el ámbito penitenciario de enfermedades graves como el VIH, la hepatitis C, la tuberculosis o la enfermedad mental, la inversión y el control de estos casos es inferior a la que se realiza en la calle". Arce aseguró que Interior ha recortado en la medicación "en función de la disponibilidad presupuestaria".

En cuanto a los enfermos mentales, exige a la Junta el cumplimiento del convenio del 2006 "que obliga a trabajar en su excarcelación y su derivación a recursos comnitarios adecuados". Asimismo, la asociación, que ayer hizo entrega del premio Derechos Humanos 2013 a los Abogados Voluntarios en la Asesoría Jurídica Penitenciaria, reclama a la Consejería de Justicia que vuelva a poner en marcha el servicio de asistencia jurídica que lleva paralizado dos años.

En otro orden de cosas, APDH criticó el proyecto de ordenanza de higiene pública que "criminaliza la pobreza, al pretender imponer multas de hasta 900 euros a las personas que recogen chatarra, cartones o comida de la basura". Del mismo modo, denunciaron que "se estén embargando pensiones no contributivas para cobrar deudas con bancos o con administraciones públicas (impuestos o multas) cuando en muchos casos esas pensiones suponen el único ingreso para muchas familias". En su lugar, la asociación propone que se articulen medidas sociales alternativas como imponer trabajos en beneficio de la comunidad "que si son posibles en el ámbito penal, deberían estar más que justificadas en sanciones administrativas".