El servicio de tarde en el registro civil de Córdoba toca a su fin después de casi seis años que han servido para aliviar la carga de trabajo en esta oficina judicial situada en la calle Doce de Octubre, en la que las colas a la entrada fueron la tónica habitual hasta noviembre del 2007. Esta decisión se toma a pesar de que los presupuestos de la Junta de Andalucía contemplan una partida de 2,3 millones de euros para este servicio en toda la comunidad.
Fuentes de la Delegación Provincial de Justicia han señalado a este periódico que "no hay fecha" para suspender esta prestación, cuya muerte estaba anunciada para el 1 de febrero. Cabe reseñar que contra esta decisión se recogieron firmas de los usuarios en el propio registro, "que no han servido para nada", según apunta la plataforma unitaria compuesta por los sindicatos CSIF, UGT, STAJ y Comisiones Obreras, "ni tampoco los informes de secretarios judiciales y jueces en los que se solicitaba que no se procediera al cierre y se advertía del importante aumento de la carga de trabajo y del tiempo de espera" para la obtención de documentos.
Este colectivo alerta de que el "recorte en este servicio público supondrá un notable perjuicio para los ciudadanos que hasta ahora han podido acudir de 17.00 a 19.30 horas a fin de evitar las colas" y también recuerda que la supresión va a suponer una reducción de salario para los funcionarios que cubrían esa franja horaria, a lo que se suma "un nuevo recorte en las nóminas del 5% este año debido a la eliminación o supresión de complementos y ayudas de acción social que solo se están aplicando en Andalucía".
LOS REGISTRADORES Además, estos sindicatos se oponen a la privatización de los registros civiles que prevé la reforma que pretende el Gobierno, dejando en mano de los registradores mercantiles y de la propiedad estas oficinas.
En un principio, estos profesionales cobrarían aranceles por partidas que hasta ahora no cuestan dinero, si bien el Ministerio de Justicia parece que busca alternativas para seguir con la gratuidad. Esta medida está prevista que entre en vigor el 13 de julio de este año.
La Administración central ha invertido en los últimos años 128 millones de euros en la modernización, informatización y digitalización de los registros civiles. En el de Córdoba, adscrito al juzgado de Primera Instancia número cinco, se han digitalizado más de 2.500 tomos desde el año 2006.
Desde el punto de vista de los usuarios, el cierre por las tardes se traducirá en "la pérdida de horas de trabajo de quien no tenga esa posibilidad", que en la totalidad del país "pueden ser muchas horas y la consiguiente productividad", según subraya Rubén Sánchez, portavoz de Facua. Esta federación de consumidores y usuarios considera que "no es el momento de recortes" en servicios presenciales cuando "no hay un desarrollo de medios digitales" que permitan efectuar gestiones de forma telemática, "y este no es el caso de los registros civiles".
