A juicio por la casa prefabricada que instaló tras tirarle la de obra

El ministerio fiscal ha solicitado una pena de un año de prisión y multa de 42.000 euros para una mujer que instaló una casa prefabricada en el solar que ocupaba otra anterior también de su propiedad y de obra en el cerro de San Cristóbal, construcción que fue derribada por ser ilegal y que supuso la primera demolición que se ejecutó por esta circunstancia en la capital.

Según el escrito del fiscal, la acusada, en el año 2008, llevó a cabo la construcción de un muro de contención de unos seis metros lineales, hormigonado de explanada de unos 250 metros cuadrados e instaló una casa prefabricada de unos 60 metros cuadrados en la parcelación San Cristóbal sin contar con la preceptiva licencia y en suelo catalogado como no urbanizable y de especial protección. El fiscal considera estos hechos un delito sobre la ordenación del territorio y solicita, además, la demolición de la obra.

El caso de la casa ilegal del cerro de San Cristóbal --que terminaron por ser dos-- se remonta al 2001, cuando la Policía Local denunció la construcción sin licencia de una vivienda de dos plantas y 90 metros cuadrados en una zona no urbanizable. Ahí empezó un largo camino de pleitos. En ese recorrido, Urbanismo dictó una orden de derribo en febrero del 2004 y una sentencia del Tribunal Superior de Justicia avaló la demolición un año después. La vía judicial y administrativa siguió hasta que el 17 de marzo del 2008 Urbanismo comunicó a la propietaria el día y hora del derribo, que llevó a cabo a primeros de abril. Más tarde, la dueña instaló otra casa, esta vez prefabricada. Argumentó que no era una casa sino una roulotte con ruedas.